• Mario Palma plantea revisar capacidad fiscal, focalización y gradualidad durante la ampliación autorizada por el Gobierno
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Los subsidios a la energía eléctrica y al Gas Licuado de Petróleo (LPG) deben ser sometidos a un análisis técnico profundo durante el período de ampliación autorizado por el gobierno del presidente Nasry Asfura, advirtió el jefe del Departamento de Investigaciones Económicas del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mario Palma.
Palma sostuvo que el tiempo adicional otorgado a estos beneficios debe utilizarse para evaluar, con base en criterios técnicos, la capacidad real de las finanzas públicas para sostenerlos.
“Primero, hay que analizar la capacidad que tienen las finanzas públicas para mantener estos beneficios en el tiempo”, señaló.
Uno de los puntos clave, según el economista, es la focalización de los subsidios. A su criterio, resulta imprescindible determinar si estos apoyos están llegando efectivamente a los sectores que más los necesitan y medir su nivel de eficiencia.
“Hay que analizar qué tan bien focalizados están y si realmente están cumpliendo su objetivo social”, apuntó.
Como tercer elemento, Palma destacó la gradualidad en cualquier eventual ajuste o rediseño de los subsidios, al considerar que este enfoque permite construir estrategias para enfrentar los desafíos económicos sin generar impactos abruptos en la población.
“Esto debe hacerse lejos de las buenas intenciones. Ya no estamos para intenciones buenas o malas, sino para ver cuál es la capacidad real que tiene el Estado de darle sostenibilidad a estos subsidios”, enfatizó.
El jefe de Investigaciones Económicas del Fosdeh añadió que también es necesario revisar el gasto tributario, de forma que el esfuerzo fiscal sea compartido de manera equitativa.
“Se debe evaluar para que todos los hondureños aporten a la dinámica económica en función de sus posibilidades”, concluyó.
Las declaraciones se dan en medio del debate nacional sobre el costo fiscal de los subsidios y la presión que estos ejercen sobre las finanzas públicas, en un contexto donde distintos sectores reclaman políticas sostenibles que combinen alivio social con responsabilidad económica.
