TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Secretaría de Seguridad suspendió a un funcionario policial que sacó su arma de reglamento durante una protesta que obstaculizó la carretera CA-5 en el desvío El Conejo, en el departamento de Comayagua.
El inconveniente se originó cuando pobladores de la aldea Soluteca, Concepción, La Paz, exigían la reparación de calles, y para que sus voces fueran escuchadas, se tomaron la carretera CA-5, causando un grave perjuicio a decenas de viajeros que no llegaron a tiempo al aeropuerto internacional de Palmerola, Comayagua.
El desalojo se realizó luego de extensos diálogos que se sostuvo por parte de la Policía Nacional, el comisionado de Policía, Hugo Leonel Velásquez Aguilera, y el subcomisionado Carlos Eduardo Rojas, con las personas que realizaban la toma, pero ellos se negaron rotundamente a liberar el tránsito vehicular.
En medio del zafarrancho, los pobladores lanzaron piedras y recibieron palos de los policías.
Según el reporte policial, a los manifestantes se les decomisó una gran cantidad de armas blancas tipo machetes para evitar que sucedieran más hechos que lamentar.
La jefa de la Unidad Departamental de Prevención de La Paz (Udep-12), subcomisionada Jessica Aguilar, reprendió al policía por haber disparado, ya que el uso de la fuerza letal lo tienen prohibido, salvo en situaciones de peligro.
Fue en las redes sociales, donde la gente difundió la ráfaga de disparos y luego el “jalón” de la comandante, quien sacó de la escena al agente y lo manda a arrestar, mientras trataban de despejar la carretera.
Como era de esperar, la gente se asustó con el uso de la fuerza letal, pero no hubo heridos, solo arrestos.
La intervención de la Policía Nacional buscó restablecer la libre circulación, considerando el impacto económico y el derecho de movilidad de la población.
Según declaraciones de la Secretaría de Seguridad, la acción policial se llevó a cabo conforme a los principios constitucionales y de respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, durante la recuperación de la carretera, tres agentes policiales resultaron lesionados y uno de ellos está siendo investigado por el mal uso de su arma de fuego asignada.
El funcionario en cuestión fue suspendido de sus funciones mientras se realiza una investigación exhaustiva.
La Inspectoría General de la Policía Nacional está a cargo del proceso para determinar las circunstancias exactas del incidente y tomar las medidas correspondientes.