- La defensa de la exfuncionaria presentó una acción de garantía de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, lo que paralizó temporalmente el proceso en el que el Ministerio Público solicita más de 31 años de prisión y el pago de 367.8 millones de lempiras.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS. –
El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula suspendió la lectura de sentencia contra la exfiscal del Ministerio Público, Francia Sofía Medina Martínez, luego de que su nuevo equipo de defensa presentara una acción de garantía de inconstitucionalidad, lo que obligó a remitir el expediente a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El portavoz de los juzgados sampedranos, Ruy Gabriel Barahona, informó que la exfiscal cambió de apoderado legal y que este interpuso el recurso de inconstitucionalidad en contra de disposiciones del Código Penal, razón por la cual el proceso judicial quedó en pausa mientras la Sala de lo Constitucional resuelve la acción planteada.
La lectura de sentencia estaba programada para este 30 de junio, sin embargo, deberá esperar hasta que la Corte Suprema de Justicia emita una resolución sobre el recurso presentado por la defensa.
Francia Medina fue declarada culpable el pasado 27 de mayo por la comisión de los delitos de lavado de activos; sustracción, destrucción, ocultamiento e inutilización de documentos en custodia; uso de información privilegiada y falsificación de documentos públicos, tras concluir el juicio oral y público.
Como parte del proceso, el Ministerio Público solicitó una condena de 31 años y tres meses de prisión, además del pago de 367 millones 872 mil 214 lempiras con 56 centavos, monto que, según la acusación, corresponde a la responsabilidad civil derivada de los hechos investigados.
Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que quedó acreditado que la exfiscal obtuvo ingresos por aproximadamente 2.3 millones de lempiras; no obstante, realizó gastos por 91.2 millones de lempiras en la adquisición de viviendas, vehículos de lujo y joyas, recursos que, de acuerdo con la acusación, provenían de evidencias bajo custodia depositadas en las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH).
Con la suspensión del proceso, será la Sala de lo Constitucional la encargada de determinar si admite o rechaza la acción de garantía de inconstitucionalidad. Hasta entonces, el Tribunal de Sentencia no podrá emitir el fallo condenatorio ni establecer la pena definitiva que enfrentaría la exfiscal.
