• Equipo técnico asumirá la liquidación administrativa y el pago de indemnizaciones luego de la publicación del decreto en La Gaceta
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, juramentó este lunes a los integrantes de la Comisión Técnica Liquidadora, instancia encargada de ejecutar el proceso de despido y liquidación del personal de las instituciones estatales recientemente suprimidas.
La medida se produce luego de que el fin de semana fuera publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto que ordena la eliminación de varias dependencias del Estado como parte del proceso de reestructuración administrativa impulsado por el Ejecutivo.
Integrantes de la comisión
La Comisión Técnica Liquidadora está conformada por:
- Ángel Antonio Mendoza Velásquez
- Denisse Yamileth Rosales Rivera
- Carlos Humberto Hernández Erazo
- Leonel Humberto Núñez Espinoza
- Mario Celín Simón Perla
Este equipo tendrá la responsabilidad de ejecutar la liquidación administrativa y financiera del personal que laboraba en las instituciones suprimidas, así como gestionar el traslado de los recursos presupuestarios necesarios para el pago de las indemnizaciones correspondientes.
Instituciones eliminadas
El decreto publicado en La Gaceta establece la supresión de:
- Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas)
- Secretaría de Planificación Estratégica
- Secretaría de Transparencia
- Programa Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
- Red Solidaria
La decisión forma parte de un proceso de reordenamiento estatal que ha generado expectativa y preocupación entre los empleados públicos afectados.
Proceso de liquidación
De acuerdo con lo informado, la comisión deberá garantizar que el proceso se realice conforme a ley, contemplando la revisión administrativa de plazas, la verificación de obligaciones laborales pendientes y la asignación de fondos para cubrir prestaciones e indemnizaciones.
La juramentación marca el inicio formal de la fase operativa del decreto, en medio de un contexto de ajustes institucionales que impactan directamente en la estructura del aparato estatal y en cientos de trabajadores del sector público.
El proceso de liquidación y traslado presupuestario será clave para evitar controversias legales y reclamos posteriores por parte del personal cesado.
