TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Cossette López, denunció en las últimas horas una presunta nueva irregularidad posterior a las recientes elecciones primarias e internas que salpican a un expresidente del país, a las Fuerzas Armadas y a una candidata presidencial.
«Fingiendo una subordinación que nunca ha existido y siguiendo con una coordinación que nunca ha dejado de existir, hoy el alto mando de las Fuerzas Armadas se reunió con un expresidente y una candidata y decidieron sustituir los informes que ya existían, donde se señalaban responsables militares, por nuevas versiones donde se señala solo al CNE por lo del 9 de marzo. Dejo constancia y que lo sepa todo el pueblo hondureño», indicó López en la red social X.
Aunque no citó ningún nombre, el mensaje de López hace suponer que el expresidente sería Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, quien además es el coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre).
Sobre la ‘candidata’, a la que también se refiere la presidenta consejera del CNE, tácitamente sería la virtual aspirante presidencial de Libre, Rixi Moncada, quien también es la ministra de Defensa de Honduras.
La denuncia de Cossette se produce después de las elecciones primarias e internas del 9 de marzo, que duraron dos días debido a que muchas maletas con material electoral llegaron hasta con más de doce horas de retraso a varios centros de votación en las dos ciudades más importantes de Honduras, Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Muchas de las maletas anduvieron circulando en microbuses del transporte urbano, contratados a última hora, sin ningún custodio electoral, ni un militar asignado por las Fuerzas Armadas, institución a la que por ley le corresponde la distribución, custodia y vigilancia del material electoral a nivel nacional.
El insólito hecho derivó en contradicciones entre el CNE y las Fuerzas Armadas, cuyo jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, afirma que la institución no es responsable de eso.
Por lo ocurrido el 9 de marzo, al menos en dos barrios de Tegucigalpa las votaciones se celebraron hasta el pasado día 16.
Tras la denuncia de López, quien representa al opositor Partido Nacional en el CNE, la también consejera, Ana Paola Hall, escribió en X que «nada debe burlar la Constitución y la ley» y que el «CNE es un ente independiente y colegiado».
«La declaratoria de elecciones -que no debe pasar del 8 de abril- se hará en tiempo y forma. Divulgar y, en su caso, revisar lo que estrictamente corresponda para garantizar la voluntad popular», señaló Hall, representante del también opositor Partido Liberal.
El tercer consejero del CNE es Marlon Ochoa, representante de Libre, partido que busca un segundo período consecutivo en el poder.
Después de 45 años de haber retornado al orden constitucional, en Honduras las elecciones primarias e internas, que solo celebran los partidos mayoritarios, y las generales, cada cuatro años, varias han sido salpicadas por múltiples denuncias de corrupción, fraude y el pago de campañas de precandidados a cargo de elección popular y partidos políticos por parte de narcotraficantes.
Las denuncias sobre financiación de campañas electorales por el narcotráfico han salpicado a los tres partidos mayoritarios del país: Libre, Nacional y Liberal.
El mismo expresidente Manuel Zelaya, entonces líder del Partido Liberal, dijo en octubre de 2008 que las elecciones generales de noviembre de 2005 las ganó con fraude.
Otra irregularidad reciente fue la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández, en noviembre de 2017, aún cuando la Constitución del país no lo permite bajo ninguna modalidad.
Una interpretación del Supremo, poder del Estado salpicado, no de ahora, por denuncias de corrupción de jueces y magistrados, le dio vía libre a Hernández para que buscara la reelección por el Partido Nacional, que gobernó desde 2010 hasta 2022, los primeros cuatro años al frente de Porfirio Lobo.
Hernández, quien concluyó su segundo mandato el 27 de enero de 2022, fue extraditado en abril de ese mismo año a EE.UU., donde en junio de 2024 fue condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico.
Con información de EFE
