TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La magistrada del Poder Judicial, Rebeca Lizette Ráquel Obando, instruyó a la Supervisión General desarrollar una inspección especial, en el circuito judicial de El Progreso, en el departamento de Yoro, con énfasis en el Juzgado de Letras Seccional.
Lo anterior es en base al cumplimiento del artículo 47 del Reglamento de la Supervisión General, acción que ya fue ejecutada por los inspectores.
Por delegación a la supervisora general adjunta, Larissa Barahona, a cargo del equipo de inspectoras, ejecutó la referida inspección, y al mismo tiempo explicó que se ejecutaron acciones preventivas correctivas y medidas para la mejora en los procesos sometidos a conocimiento del Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro.
Asimismo, se sostuvieron reuniones con jueces de Letras Seccional, de Paz Civil y Penal, del Tribunal de Sentencia, además con el personal auxiliar y administrativo, defensa pública y con autoridades del Ministerio Público.
“Se implementaron varias medidas correctivas las que se reflejarán en un mes, contribuyendo así a brindar una justicia y transparente administración de justicia; garantizando a la sociedad hondureña una tutela judicial efectiva”, detalló Barahona.
La Supervisión General del Poder Judicial por delegación de la Corte Suprema de Justicia, ejerciendo la vigilancia judicial transversalmente en los Juzgados y Tribunales, como en las dependencias administrativas a la fecha ha desarrollado 123 entre inspecciones especiales y generales en diferentes juzgados y tribunales del país y en desarrollo se encuentran dos, aseguró.
En lo que respecta a las sanciones y cancelaciones, un informe de los casos disciplinarios resueltos por la presidencia del Poder Judicial de Honduras detalla que entre el segundo semestre de 2023 y el primero de 2024, un total de 77 empleados fueron cancelados de sus puestos de trabajo.
Las estadísticas reflejan que se hicieron efectivos 19 despidos, hubo 5 cancelaciones por haberse dictado auto de formal procesamiento, se suma 46 cancelaciones por abandono del cargo; finalmente, las cifras especifican que hay 7 resoluciones de contratos.
La supervisora general, explicó que las actuaciones de cancelación obedecen a las investigaciones que se han realizado por parte de esa dependencia y que se derivan de los procesos disciplinarios correspondientes para que la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia aplique la sanción por las faltas graves tal y como lo establece la ley y reglamento vigente de la carrera judicial.
“Son diversas las causas por las que se ha separado a 77 funcionarios en esta administración hasta julio de 2024, a todos ellos se les ha seguido el debido proceso tanto en la investigación como en los procesos disciplinarios y la sanción que se les impuso”, precisó.
La funcionaria judicial agregó que los trabajos continúan en diferentes entes jurisdiccionales e investigaciones a personal administrativo, como el que se desarrolla por mandato de Ráquel Obando, en el Juzgado de Letras en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción.
