• El Tribunal de Justicia Electoral acusa al magistrado de obstaculizar el funcionamiento institucional y defiende la legalidad de la sesión que originó la disputa.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) remitió un informe al Ministerio Público (MP) relacionado con el conflicto interno surgido en el pleno de magistrados, luego de que el magistrado Mario Alexis Morazán Aguilera denunciara a sus compañeros por los presuntos delitos de prevaricato, usurpación de funciones y tráfico de influencias.
El documento, firmado por los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona, busca justificar las actuaciones del pleno y sostiene que la sesión señalada por Morazán fue “válidamente instalada y desarrollada con quórum legal”, de acuerdo con lo establecido en la normativa interna del Tribunal.
El informe del TJE: “Morazán obstaculizó el funcionamiento del Tribunal”
En el análisis jurídico remitido a la Fiscalía, el TJE concluye que las acciones del magistrado Morazán Aguilera representan un incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica y Procesal Electoral, al retirarse de la sesión y negarse a firmar las resoluciones adoptadas por mayoría.
“La conducta del magistrado Morazán Aguilera, al retirarse de la sesión SOJ-30-2025 y negarse a suscribir las resoluciones adoptadas por mayoría, pretendió obstaculizar el funcionamiento del Tribunal, vulnerando los principios de legalidad, colegialidad, independencia institucional y celeridad procesal”, señala el informe.
Los magistrados sostienen que el pleno actuó conforme a derecho y que las resoluciones aprobadas durante la sesión mantienen plena validez.
Con ello, buscan disipar los cuestionamientos y evitar que la denuncia de Morazán afecte la credibilidad del órgano electoral en vísperas de los comicios generales.
Denuncias cruzadas y fractura institucional
El conflicto interno del TJE salió a la luz luego de que Mario Morazán acusara a sus compañeros de actuar fuera del marco legal, asegurando que tomaron decisiones administrativas y jurisdiccionales sin la participación de todos los magistrados, lo que —a su juicio— constituye usurpación de funciones.
Sin embargo, el informe enviado al Ministerio Público contradice esa versión, al afirmar que el magistrado fue debidamente convocado y que su decisión de retirarse “de manera unilateral” provocó una interrupción en el desarrollo normal de las sesiones.
Esta confrontación interna agrava las tensiones dentro del Tribunal de Justicia Electoral, un órgano clave en el proceso democrático que enfrenta retos operativos y de legitimidad a menos de dos meses de las elecciones generales de 2025.
Riesgos para la credibilidad del proceso electoral
El enfrentamiento entre magistrados del TJE genera preocupación en el ámbito político y ciudadano, ya que el organismo tiene la responsabilidad de resolver impugnaciones, conflictos partidarios y apelaciones que surjan antes, durante y después de los comicios.
Expertos en materia electoral advierten que la falta de cohesión dentro del Tribunal puede socavar la confianza en la imparcialidad y eficiencia del sistema de justicia electoral, especialmente en un año de alta polarización política.
Siguiente paso: el Ministerio Público
Con la entrega del informe, corresponderá al Ministerio Público determinar si existen indicios suficientes para abrir una investigación penal o si el caso se resolverá en el ámbito administrativo.
Mientras tanto, el TJE insiste en que sus actuaciones se realizaron con pleno respeto a la ley y que el objetivo del informe es “dejar constancia de la transparencia y legalidad” con que se ha manejado el conflicto.
“El Tribunal no puede detener sus funciones por intereses personales o discrepancias internas. Nuestro deber es garantizar la justicia electoral y la confianza ciudadana”, expresó una fuente interna del TJE consultada por este medio.
El Tribunal de Justicia Electoral fue creado tras las reformas constitucionales de 2019, con el mandato de impartir justicia en materia electoral.
Su independencia y estabilidad son fundamentales para el proceso democrático hondureño.
Sin embargo, las disputas internas, las denuncias cruzadas y los cuestionamientos políticos amenazan con debilitar su credibilidad a las puertas de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
