Mientras líderes migrantes celebran una extensión automática de seis meses del TPS, el gobierno hondureño brilla por su silencio y pasividad diplomática.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A pocas horas del vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Honduras, la comunidad migrante ha vuelto a hacer el trabajo que le corresponde al gobierno: garantizar una mínima estabilidad para los más de 50 mil hondureños amparados por este mecanismo.
Aunque Estados Unidos no se ha pronunciado oficialmente, todo indica que el TPS se extenderá automáticamente por seis meses más, hasta el 5 de enero de 2026.
“¡Lo logramos! El #TPS para Honduras está vigente hasta el 5 de enero de 2026”, publicó en su cuenta de X Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, una de las organizaciones que ha estado al frente de esta lucha.
Sin embargo, más que una victoria diplomática, se trata de una extensión automática contemplada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA 244), no de una negociación exitosa.
Flores fue claro en su mensaje: “Gracias a la lucha de la comunidad y organizaciones, tenemos 6 meses más de protección y permiso de trabajo.
Ahora toca cambiar de gobierno para negociar una extensión real y digna”.
La afirmación es contundente y lanza una crítica directa a la actual administración hondureña, que no solo ha sido incapaz de influir en una negociación formal, sino que ha permanecido completamente ausente del debate público sobre el tema.
Las autoridades migratorias estadounidenses aún no han emitido un comunicado oficial, pero abogados especializados en inmigración han confirmado a las organizaciones migrantes que, al no haberse hecho un anuncio contrario en los últimos 60 días, la extensión automática se activa conforme a la legislación estadounidense.
Esto, sin embargo, solo ofrece un respiro momentáneo y pone de relieve la debilidad estructural de la política exterior hondureña.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. aún muestra en su sitio oficial que el TPS para Honduras vence este 5 de julio de 2025.
De confirmarse la extensión automática, los beneficiarios solo tendrán seis meses más de alivio migratorio, sin ninguna garantía de estabilidad a largo plazo.
Honduras fue incluido por primera vez en el programa TPS el 5 de enero de 1999, tras el paso devastador del huracán Mitch.
Desde entonces, cada extensión ha estado marcada por la presión de la diáspora, más que por gestiones diplomáticas sostenidas.
Flores destacó que más de 300 mil hondureños son ya ciudadanos estadounidenses, la mayoría en el sur de Florida, un bastión político del Partido Republicano.
Este peso electoral y económico ha sido clave para que el programa no fuera cancelado. “Nuestros migrantes no solo sostienen a sus familias en Honduras, también tienen un poder político creciente en EE.UU.”, apuntó.
En contraste, la Cancillería hondureña y el gobierno central han optado por el silencio.
Ninguna postura oficial, ningún esfuerzo visible, ningún anuncio. La narrativa de siempre: esperar que otros hagan el trabajo y luego colgarse del resultado.
