(Por Edmundo Orellana) Es en lo que incurrieron quienes aprobaron la reforma constitucional que permite las ZEDE y la ley que las regula, e incurrirán los que aprueben las ZEDE que se anuncian.

“Será juzgado por el delito de traición a la patria”, dispone la Constitución, quien otorgue “concesiones que lesionen la integridad territorial y la soberanía”, y la ZEDE es más que una “concesión”, es una “cesión” del territorio y de la soberanía a extranjeros. Atrás quedaron aquellos tiempos que los hondureños tomaban las armas para defender con su vida la integridad territorial y la soberanía, como cuando se enfrentó a las fuerzas armadas salvadoreñas cuyo gobierno pretendía apoderarse de una gran franja del territorio para tener una salida al océano Atlántico, vía Puerto Cortés. Décadas después, ese ardiente y valiente espíritu cívico en defensa de la soberanía fue olvidado por aquellas autoridades que decidieron construir una carretera, no para unir Henecán o Amapala con Puerto Cortés, sino para que las mercancías salvadoreñas pudiesen salir al Atlántico por Puerto Cortés.

Con las ZEDE tienen a su alcance, ya no esa minúscula porción de nuestro territorio, que es isla Conejo, sino todo nuestro territorio insular en el Golfo de Fonseca y, lo que deseen, de tierra firme y del otro lado, en el mar Caribe. Porque resulta que nuestros legisladores se preocuparon por entregar a los extranjeros lo más bello de nuestros mares, pacífico y caribe, disponiendo expresamente en su ley orgánica que “se declaran sujetas al presente régimen las zonas con baja densidad poblacional de los municipios ubicados en los departamentos contiguos al Golfo de Fonseca y el mar Caribe”; en otras palabras, Amapala y el departamento de las Islas de la Bahía, y, en aplicación del criterio de “zonas de baja intensidad poblacional, se incluye el municipio en cuyo término municipal se encuentran las Ruinas de Copán.

La misma vocación entreguista que motivó el “Canal Seco”, motiva ahora las ZEDE, que podrán constituirse, entre otras, como “ciudades autónomas” o “zonas turísticas especiales”, que anuncian para donde va el interés.

El Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, integrado por 21 personas -extranjeros mayoritariamente- nombrados por el Presidente de la República y ratificados por el Congreso Nacional, posee y ejerce el Poder Supremo en la ZEDE, ya que en él se concentran las funciones del Ejecutivo, del Legislativo y del órgano supremo del sistema de justicia, porque determina el presupuesto, los impuestos, la normativa aplicable en las ZEDE, el sistema de seguridad y la estructura y funcionamiento de los tribunales.

Sus autoridades supremas están por sobre los tribunales porque definen, discrecionalmente, su estructura, atribuciones y competencia, fijando, a su arbitrio, los requisitos para ser magistrado o juez y la duración en el cargo. Los selecciona y propone su nombramiento, pero, en su potestad de juzgar, quedan sometidos a la autoridad suprema porque a esta compete decidir si sus sentencias constituyen precedentes obligatorios y si pueden usar precedentes de otros países; igualmente define si los magistrados o jueces juzgan los asuntos aplicando la equidad o el derecho.

Su régimen financiero es independiente y los ingresos -por la recaudación tributaria, aduanera y demás- serán utilizados “exclusivamente para sus propios fines”. En su ámbito espacial no aplicarán políticas de control de cambio, los medios de pago que circulen deben ser libremente convertibles y los mercados de divisas, oro, valores futuros, mercancías y similares existirán libremente. De las ZEDE emana un ligero tufillo a paraíso fiscal.

La ZEDE administra el territorio y puede expropiar, entre otras razones, por la necesidad de expandirse, con lo que queda claro que puede monopolizar la propiedad para celebrar contratos sobre lo que habrá sido nuestro territorio, con la cualidad, siendo que pueden contratar empréstitos como si fuesen un Estado independiente, de sujeto de Derecho Internacional, con el riesgo que eso implica.

Estamos entregando el territorio y la soberanía, desplazando población y despojándola de sus propiedades inmuebles, para establecer pequeños Estados en un territorio que ya no será nuestro, poblado por extranjeros, que si son como los que aparecen provocando a los isleños en el vídeo que se viralizó en las redes, serán, mayoritariamente, patanes.

La ZEDE es creada, en cada caso, por el Congreso Nacional. A los diputados compete, entonces, evitar que porciones de nuestro territorio y de nuestra soberanía sean cedidas a extranjeros. Escuchen a los vecinos de Roatán, del Golfo de Fonseca y de Choloma, y las voces de su conciencia, aquellos que la tienen. La responsabilidad por permitir esos zarpazos al territorio y a la soberanía, es imprescriptible, según la Constitución. Digámoslo, pues, con más fuerza que nunca para que oigan los diputados y se conviertan, los muchos que aún no lo son, en “representantes del pueblo”: ¡BASTA YA!

Y Ud., distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?