- El Congreso Nacional asegura estar listo para aprobar leyes clave contra la corrupción, pero condiciona su accionar a un acuerdo aún pendiente entre el Ejecutivo y la ONU.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A más de tres años del inicio del gobierno de Xiomara Castro, la llegada de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) continúa siendo una promesa en suspenso.
El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, declaró recientemente que aún “hay tiempo” para que el país reciba la misión anticorrupción, aunque reconoció que esto no ocurrirá durante la actual administración.
“Sería pecar de optimismo pensar que será en este gobierno, pero estoy seguro que en el segundo gobierno de LIBRE se podrá comenzar”, afirmó Pino, dejando claro que el Ejecutivo apuesta por una continuidad política para concretar una de sus principales banderas de campaña.
Pino también deslindó de responsabilidad al Congreso Nacional, señalando que existe plena disposición para aprobar leyes como la de Colaboración Eficaz y las reformas al Código Penal, pero insistió en que el Congreso solo puede actuar “una vez Naciones Unidas llegue a un acuerdo con el Ejecutivo”.
Sin embargo, esta narrativa choca con la percepción ciudadana y con los reclamos de organizaciones sociales que acusan tanto al Legislativo como al Ejecutivo de utilizar el tema de la CICIH como un recurso electoral, más que como un compromiso genuino contra la corrupción estructural.
Desde enero de 2022, la instalación de la CICIH ha pasado de ser una promesa prioritaria a una larga cadena de extensiones del Memorándum de Entendimiento con la ONU.
El pasado 11 de junio, el gobierno de Castro solicitó una quinta prórroga del acuerdo, fijando como nueva meta el 15 de diciembre de este año. Una nueva fecha que, para muchos, solo refleja la falta de voluntad real.
Pino desestimó las críticas de la oposición, quienes califican la constante mención del tema como “estrategia de campaña”.
Para el diputado, tales acusaciones responden a intereses electorales, aunque sus propias declaraciones proyectan un cálculo político al afirmar que será bajo un segundo mandato de LIBRE cuando la CICIH podría finalmente instalarse.
En el fondo, el discurso oficial mantiene viva la promesa, pero difumina la urgencia. Entre tecnicismos legales, postergaciones burocráticas y apuestas electorales, la instalación de la CICIH parece más una moneda de cambio en el tablero político que un verdadero paso hacia la justicia.
Mientras los actores políticos reparten culpas y calculan tiempos, la lucha contra la impunidad en Honduras sigue esperando. La ciudadanía, por su parte, observa con escepticismo cómo una promesa de transformación se convierte en una rutina de declaraciones vacías y dilaciones convenientes.
