- La misión internacional advierte deterioro en la conducción del proceso y opacidad en contrataciones clave a menos de dos semanas del 30 de noviembre.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Transparencia Electoral presentó su Informe Preelectoral sobre las Elecciones Generales de Honduras 2025, un documento que pone en evidencia los riesgos políticos, institucionales y técnicos que enfrenta el país en la recta final hacia los comicios del 30 de noviembre.
La organización internacional hizo un llamado a garantizar independencia, transparencia y un ambiente de diálogo para evitar una nueva crisis electoral.
El informe recoge los hallazgos obtenidos durante la visita de la misión a Honduras entre el 26 y el 29 de octubre, período en el cual sostuvieron reuniones con autoridades electorales, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.
El diagnóstico elaborado, sin embargo, muestra un escenario complejo marcado por tensiones crecientes y fragilidad institucional.
Confrontación dentro del CNE y TJE agrava la crisis de gobernanza
La misión destaca una “profunda crisis de gobernanza” causada por la confrontación entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), así como fuertes tensiones internas dentro de ambos organismos.
La representación partidista de sus miembros —señala el informe— ha profundizado los desacuerdos, generando incertidumbre y retrasos significativos que han comprometido el calendario electoral.
Transparencia Electoral sostiene que esta falta de cohesión institucional ha debilitado la conducción técnica del proceso, alimentando la desconfianza entre actores políticos y ciudadanos.
Opacidad y controversias en contrataciones clave
En el ámbito tecnológico, la organización reconoce avances como la adjudicación de los sistemas de identificación biométrica, transmisión de resultados (TREP) y conectividad satelital, a cargo de Smartmatic, Grupo ASD y el consorcio Reytel-Ufinet.
No obstante, advierte que estos procesos estuvieron marcados por demoras, controversias y, sobre todo, por la falta de publicación completa de los contratos millonarios en los portales de transparencia del Estado.
La ausencia de acceso pleno a la información —afirma la misión— afecta la credibilidad del proceso y retrasa la verificación ciudadana.
Fiscalización política debilitada: solo 43% se ha acreditado
Uno de los señalamientos más graves del informe se refiere al financiamiento político. Hasta ahora, únicamente el 43% de los sujetos obligados se ha acreditado ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).
Este bajo nivel de cumplimiento evidencia deficiencias estructurales en los mecanismos de control y supervisión, lo cual abre espacio para irregularidades, inequidad en la competencia electoral y riesgos de financiamiento no declarado.
Presiones externas e instrumentalización institucional
Transparencia Electoral sostiene que la desconfianza histórica entre los actores políticos se ha agudizado ante señales de instrumentalización del Ministerio Público y presiones provenientes de otros poderes del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional, sobre el CNE y el TJE.
Asimismo, la organización señala que la judicialización de conflictos internos y la falta de aprobación de presupuestos clave para el TJE y la UFTF representan un riesgo real para la autonomía operativa de ambos entes.
Un proceso electoral que avanza con incertidumbre
Aunque reconoce ciertos avances técnicos, la misión concluye que el proceso electoral 2025 entra en su fase final bajo tensiones que comprometen su integridad.
Los riesgos acumulados —crisis institucional, opacidad en contrataciones, fragilidad financiera y confrontación política— colocan al proceso bajo un escrutinio internacional creciente.
Transparencia Electoral insta a los actores políticos a actuar con responsabilidad y madurez democrática, evitando injerencias judiciales o militares, garantizando la independencia institucional y promoviendo un clima de respeto y diálogo.
Solo así —subraya la organización— podrá garantizarse que el próximo 30 de noviembre se respete la voluntad popular, se proteja la legalidad del proceso y se preserve la legitimidad del sistema democrático hondureño.
