- Washington cancela el TPS alegando progreso en Honduras. El Gobierno reacciona con estadísticas, mientras miles de compatriotas enfrentan el abismo de la deportación.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A través de su cuenta oficial en X, el canciller hondureño Javier Bú Soto lamentó la decisión del gobierno de los Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 50 mil hondureños, medida que entrará en vigor en 60 días y dejará en incertidumbre a miles de familias que durante décadas construyeron una vida en el norte.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) justificó la decisión asegurando que ya no existen las condiciones que motivaron el beneficio, vigente desde 1999 tras el paso del huracán Mitch. Entre los argumentos presentados por el DHS destacan:
- 95.7% de la población hondureña con acceso a agua potable
- 83.8% con saneamiento básico
- 93.2% con acceso a electricidad
- $1.8 mil millones en inversión extranjera directa entre 2023 y 2024
- Mejoras urbanas en 38 ciudades y planes de gestión de riesgo en 18 municipios
Pese a la frialdad de los datos, la decisión ha sido recibida con preocupación y descontento en distintos sectores, incluyendo el propio Gobierno hondureño, que —aunque sin confrontar directamente a Washington— expresó su desacuerdo.
“Lamentamos la decisión del Gobierno de los Estados Unidos (…) Reiteramos nuestro compromiso de velar por los derechos de nuestros compatriotas en el exterior”, dijo el canciller Bú Soto.
Sin embargo, la postura del Ejecutivo ha sido criticada por sectores migrantes, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos que esperaban una respuesta más firme y menos técnica frente a una medida que podría tener consecuencias devastadoras.
Cifras que no reflejan la realidad de los migrantes
Expertos han cuestionado los criterios del DHS, señalando que los porcentajes de acceso a servicios básicos no reflejan la pobreza estructural, la violencia, la falta de empleo y el colapso institucional que siguen empujando a miles al exilio.
“Hablan de agua y electricidad, pero no mencionan la corrupción, el desplazamiento forzado, ni la extorsión de las maras que siguen marcando la vida de muchas comunidades”, opinó un activista hondureño radicado en Maryland.
Organizaciones pro-migrantes recuerdan que muchos beneficiarios del TPS han vivido por más de dos décadas en Estados Unidos, tienen hijos nacidos allá, trabajos estables, y han contribuido económicamente tanto a ese país como al suyo, enviando millones en remesas.
¿Y ahora qué?
Desde la Cancillería se ha prometido acompañamiento legal y diplomático a los afectados, así como continuar “abogando por soluciones permanentes”.
Sin embargo, la falta de un plan claro y la tibieza del discurso oficial dejan más dudas que certezas.
Mientras tanto, más de 50 mil hondureños y sus familias enfrentan un futuro incierto, atrapados entre una promesa incumplida de refugio permanente y una patria que aún no logra brindar condiciones dignas para su retorno.
