TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Omar Rivera, exmiembro de la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, denunció que el Gobierno quitó la seguridad personal a quienes integraron ese ente, por lo que advirtió y responsabilizó al Estado si él aparece con cuatro disparos en su cabeza.
«Lo que están haciendo es incumpliendo una ley, porque si aparezco con cuatro tiros en la cabeza, ahí, pues es una responsabilidad del Estado no haber prestado la colaboración debida», sentenció.
«Abruptamente suspendieron esa seguridad. No nos notificaron nada por escrito, solo nos mandaron un mensaje a través de WhatsApp y nos dijeron que nos quitaban la seguridad», indicó.
Manifestó que su vida y la de su familia están en riesgo, ya que sicarios, narcotraficantes, policías con vínculos con mareros y extorsionadores fueron depurados, por consecuencia, este tipo de gente tiene mucho resentimiento contra ellos.
En las últimas horas se conoció que el pastor hondureño, Alberto Solórzano, quien fue miembro de la comisión de depuración, habría salido de Honduras rumbo a Estados Unidos para pedir asilo político por haber recibido supuestas amenazas a muerte.
Como un mal mensaje
Rivera, quien actualmente funge como secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), aseguró que este tipo de acciones son un mal mensaje para las personas que han prestado sus servicios al país.
«Me parece que es un muy mal mensaje, especialmente de los que hemos prestado servicio al país. Pero al margen de todo esto, hay una ley que establece los mecanismos de seguridad para los funcionarios en riesgo», expresó Rivera.
Hizo referencia que la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario, que en su artículo 3, inciso B, ordena dar salvaguarda con elementos de las fuerzas públicas a quienes se hayan desempeñado en funciones públicas en materia de seguridad que pongan en riesgo su vida.
Dicha ley menciona que los funcionarios y exfuncionarios sujetos a la protección especial del Estado tendrán seguridad, y entre ellos se incluye a los miembros y asesores de las comisiones especiales nombradas y que se nombren para «procesos de depuración y transformación de la Policía Nacional y los demás entes operadores de justicia».
Asimismo, la ley indica que, para efectos de garantizar el período de la prestación de los servicios, se establece que los depuradores tendrán seguridad durante el ejercicio de sus funciones y al cesar en el cargo por un período equivalente al tiempo que ejercieron.
Rivera reveló que en su momento solicitaron a la Secretaría de Seguridad la intervención del caso; sin embargo, en esa dependencia del Estado les indicaron que ellos «no corrían ningún riesgo».
«Nosotros solicitamos a la Secretaría de Seguridad la intervención y luego ellos dijeron que hicieron unos análisis y que nosotros no merecemos ningún tipo de apoyo», aseveró Omar Rivera.
De igual forma, declaró que, en la Secretaría de Seguridad, les manifestaron que ellos -los exmiembros de la comisión depuradora- eran «simples ciudadanos comunes y corrientes».
«Nos dijeron que nosotros somos simples ciudadanos comunes y corrientes y que a pesar de todo el esfuerzo que hicimos en depurar toda la Policía, ellos dicen que nosotros no merecemos ningún tipo de trato especial», precisó.
Apoyo al Conadeh
El exmiembro de la comisión depuradora afirmó que en el Comisionado Nacional Derechos Humanos (Conadeh) sí les brindaron el apoyo necesario para tratar de garantizarles su seguridad.
«En el Conadeh si nos dieron apoyo, nos dieron mucho apoyo, ellos fueron factor determinante para presionar -a la Secretaría de Seguridad- para que nos diera la seguridad del caso. Pero fue en la Secretaría de Seguridad donde nos denegaron la solicitud», agregó.
Comisión depuradora de la Policía Nacional de Honduras
El 6 de abril de 2016, el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y armas de fuego, después de una reunión con el Consejo de Defensa y Seguridad que él presidía, decretó estado de emergencia nacional en materia de seguridad.
El 12 de abril de 2016, Hernández juramentó a una comisión especial que se encargaría de separar a policías no idóneos y de promover una reforma dentro de la institución policial.
Entre 2016 y 2018, según datos de la Comisión de Depuración Policial se separaron unos cinco mil elementos policiales y se remitieron más de 2,000 expedientes al Ministerio Público. Sin embargo, la mayoría de esos casos no fueron judicializados y los policías únicamente fueron retirados de la institución.
