TEGUCIGALPA. HONDURAS.
La resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declara la inconstitucionalidad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), aprobadas en 2013, no busca perseguir a los diputados del Congreso Nacional que las respaldaron, aseguró el magistrado Mario Díaz.
“La sentencia no tiene el propósito de perseguir absolutamente a nadie que haya provocado la creación de las ZEDE; solo se busca devolver la autonomía al Estado”, aseveró.
Díaz insistió en que el objetivo de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es restablecer el orden previo a la reforma constitucional que introdujo las ZEDE en el país.
Al ser consultado sobre si el fallo de inconstitucionalidad podría ser utilizado como un arma política en contra de la oposición, el togado acentuó que esa situación saldría de las manos de la Corte Suprema.
“Eso ya escaparía de la responsabilidad de la resolución, porque solo se busca resolver el entuerto jurídico y el problema de inconstitucionalidad de la norma. Nos responsabilizamos de la sentencia y de las motivaciones y explicaciones que daremos en ella, pero otro tipo de situaciones se escapan de nuestro control y responsabilidad”, enfatizó el magistrado Mario Díaz.
Inversiones instaladas bajo las ZEDE estarán protegidas
Las inversiones realizadas en Honduras bajo el amparo de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDEs) «estarán protegidas» por la legislación nacional tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de esa iniciativa, aseguró el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Mario Díaz.
“Nosotros nos preocupamos durante la discusión de la resolución de asegurar que aquellas inversiones realizadas en diferentes lugares y que se basaron en la ley declarada como inconstitucional no sufran ningún menoscabo, y así lo vamos a declarar en la sentencia definitiva», afirmó Díaz.
El magistrado explicó que toda inversión relacionada con las ZEDEs podrá acogerse a las normativas establecidas por el Estado antes de la ley para el funcionamiento de estas zonas de desarrollo.
Bajo la Ley Orgánica de las ZEDEs, se crearon los proyectos Próspera en Roatán, Islas de la Bahía (Caribe); Ciudad Morazán en Choloma, Cortés (norte), y Orquídea en San Marcos de Colón, Choluteca (sur).
Estas ZEDEs «tienen que acogerse a la normativa que el Estado ya tiene en materia de inversión, emprendimiento y desarrollo», señaló el magistrado Mario Díaz.
Reacciones
La declaración de la inconstitucionalidad de las ZEDEs ha abierto un amplio debate que mantiene opiniones encontradas a la clase política, quienes por un lado piden que diputados que impulsaron este régimen deben ser juzgados, mientras de otro lado opinan que el fallo ahuyentará la inversión.
“Sigo manteniendo que todo este tema de las ZEDE en la Corte Suprema es un distractor, una cortina de humo para que no hablemos de la extradición, de los videos de la mitad”, manifestó el exdiputado y aspirante a alcalde, Juan Diego Zelaya.
“Lo que hizo la Corte fue darle una estocada a la atracción de la inversión, ¿quién va a querer venir a invertir a un país que no da garantías?”.
Por su parte, Ramón Barrios, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), es del criterio que “hay una responsabilidad por un lado de orden civil y administrativo de los congresistas que aprobaron esa violación constitucional de la cual no estaban autorizados en ese momento, y que efectivamente trae consecuencias jurídicas”.
Barrios expuso que las posibles sanciones en contra de los diputados que aprobaron las ZEDE son administrativas por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), la acción de repetición, es decir “cobrarles los daños y perjuicios que puedan venir al Estado”. Asimismo, la responsabilidad penal que le corresponderá al fiscal general del Estado.
A criterio del abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, la declaración de inconstitucionalidad desde su origen de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico generará caos e inseguridad jurídica.
“Esto crea un gran problema porque si lo hace desde el origen, todas las actuaciones jurídicas son inconstitucionales y crea un caos porque es volver retroactiva la norma”, declaró el jurista.
No obstante, Barrientos apuntó como raro e inusual que un fallo judicial de inconstitucionalidad sea desde su origen, cuando lo habitual es que sea hacia adelante y no desde atrás. Además, avizoró una lluvia de demandas internacionales.
Entre tanto, el analista Olban Valladares dijo que “a mí me parece que hay una aceleración, una imprudencia, hay un proyecto político en este asunto de querer hacer las cosas a la carrera porque se está terminando el período presidencial y ellos necesitan antes de que termine septiembre como en otros proyectos que están acelerados”.
Añadió que “estas cosas son muy delicadas y hay que medir las repercusiones, entonces el asunto está en la retroactividad, desde dónde va a ser, desde el origen como dice la Corte o a partir de ahora”.
Inconstitucionalidad de las ZEDEs
El pleno de la Corte Suprema de Justicia, por mayoría de votos, declaró el viernes 20 de septiembre la inconstitucionalidad del Decreto 236-2012 sobre la reforma de los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el Decreto 120-2013 que contiene la Ley Orgánica de las ZEDE, con efectos nulatorios por vulnerar artículos pétreos.
Las Zonas de Empleo y Desarrollo fueron aprobadas en 2013 durante el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014), con Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, como titular del Congreso Nacional. Según sus impulsores, eran zonas de desarrollo similares a Hong Kong o Singapur.
El 23 de enero de 2013, el Parlamento hondureño reformó los artículos 294, 303, 304 y 329 de la Constitución de la República, lo que fue ratificado el 30 de ese mes para dar luz verde a la creación de las ZEDE.
Derogación de las ZEDEs
La Ley de las ZEDE fue derogada el 20 de abril de 2022 por unanimidad de los 128 diputados del Congreso Nacional. Sin embargo, el decreto de derogación no fue ratificada.
