- El diputado Jorge Cálix respondió con dureza al consejero Marlon Ochoa, en medio de la disputa por el futuro del sistema de transmisión de resultados electorales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La tensión alrededor del proceso electoral de 2025 subió de tono este inicio de semana luego de un fuerte intercambio público entre el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y el diputado liberal Jorge Cálix, a raíz del modelo de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que se busca implementar en los comicios generales.
Ochoa denunció que “por mayoría de votos, el bipartidismo aprobó el mismo modelo de TREP de David Matamoros Batson en 2017”, y acusó que se pretende adjudicar el contrato a Mapa Soluciones, empresa vinculada a procesos electorales anteriores. “Lo mismo intentaron en 2021, pero el fraude fue derrotado”, agregó el funcionario, sugiriendo una reedición del modelo cuestionado por sectores del oficialismo.
La respuesta no se hizo esperar. A través de redes sociales, Jorge Cálix replicó con contundencia: “El problema tuyo es que vos querés que le den el contrato del TREP a Smartmatic, empresa fundada en Venezuela y que tiene múltiples denuncias por fraude en el extranjero”, señaló el parlamentario, citando casos en Venezuela (2004 y 2017), Estados Unidos (2020), Filipinas, Brasil, Argentina, Colombia, entre otros.
Cálix también respaldó a la consejera Ana Paola Hall por su decisión de no apoyar la contratación de esa empresa: “Felicito a Ana Paola Hall por no prestarse a que una empresa que tiene denuncias de fraude en el extranjero siga metiendo las manos en las elecciones de Honduras”, añadió.
Su declaración concluyó con un mensaje directo: “¡Alisten sus maletas porque #SeVan!”, apuntando al oficialismo y sus aliados.
Este cruce marca un nuevo capítulo en la creciente disputa sobre la licitación del TREP, uno de los componentes más sensibles del proceso electoral.
La controversia gira en torno a qué empresa será responsable de la transmisión y divulgación de los resultados, un aspecto crucial para garantizar credibilidad y transparencia en las elecciones.
Pese a que el CNE aún no ha hecho pública su decisión final sobre a quién adjudicará el contrato, el ambiente político evidencia que la lucha por el control del sistema electoral ya está en marcha —y se libra tanto dentro como fuera del órgano electoral.
