TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Sala III del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional de Francisco Morazán resolvió este martes, de forma unánime, declarar no ha lugar la solicitud presentada por la defensa del general retirado Venancio Cervantes, exsubjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, que buscaba sustituir la medida de prisión preventiva por otra menos gravosa.
Con esta decisión, informada por el Poder Judicial a través de sus redes sociales, Cervantes deberá continuar recluido en el Centro Penitenciario de Támara, ubicado a unos 30 kilómetros de la capital, Tegucigalpa.
El Ministerio Público acusa a Cervantes junto a los también generales en condición de retiro, Carlos Roberto Puerto y Romeo Vásquez Velásquez, de estar vinculados al asesinato del joven Isy Obed Murillo y a la tentativa de asesinato de Alex Roberto Zavala. Los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2009, durante una manifestación en las inmediaciones del Aeropuerto Toncontín, cuando el entonces presidente derrocado, José Manuel Zelaya Rosales, intentaba regresar al país tras el golpe de Estado.
Murillo, de apenas 19 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza, presuntamente por parte de efectivos militares que resguardaban el aeropuerto.
Captura y proceso judicial
Los tres exjerarcas militares fueron capturados el pasado 5 de enero de 2025 y remitidos inicialmente a la Penitenciaría Nacional. Sin embargo, una semana después un tribunal les otorgó arresto domiciliario, medida que fue posteriormente revocada por la Corte de Apelaciones de lo Penal el 3 de marzo. En cumplimiento a esta resolución, Cervantes y Puerto regresaron voluntariamente al centro penitenciario el 18 de marzo.
En contraste, el paradero de Romeo Vásquez permanece desconocido. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) incluyó su nombre en una lista de diez hondureños buscados, algunos de ellos por delitos relacionados con el narcotráfico. En ese contexto, el Gobierno de Honduras ha ofrecido una recompensa de 3.5 millones de lempiras a quien proporcione información que conduzca a su captura.
La causa penal contra los exmilitares continúa su curso en los tribunales, en lo que se considera uno de los casos más emblemáticos relacionados con el golpe de Estado de 2009.
