FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
En las últimas horas, los Tribunales en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, admitieron un recurso presentado por la defensa del extitular de la Secretaría Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, en relación a la investigación con la construcción de hospitales en varias zonas del territorio hondureño.
En tanto, la resolución judicial declara con lugar la solicitud planteada por la defensa y ordena al Ministerio Público (MP) precisar ante el juzgado distintos aspectos de la investigación relacionada con los hospitales generales de Santa Bárbara, básido de Salamá y básico de Ocotepeque.
Los requerimientos establecidos por el tribunal se encuentran que la Fiscalía presente el listado completo de las contrataciones directas que son objeto de investigación, incluyendo la fecha de adjudicación, los funcionarios que participaron y la institución, organismo o fuente de financiamiento que autorizó cada contratación.
Además, el tribunal también pidió que la información sea delimitada al período correspondiente a la gestión de Pineda, debido a que esa etapa forma parte de la línea investigativa que desarrolla actualmente el MP.
Igualmente, la resolución establece disposiciones sobre los dictámenes técnicos forenses que ya fueron ordenados.
Por lo cual, los peritos deberán presentar sus hallazgos y conclusiones de manera desglosada, diferenciando cada contrato y su respectivo período de ejecución.
Este miércoles, como parte del proceso se desarrolla una audiencia ad hoc (diligencia judicial extraordinaria convocada de manera específica y exclusiva para un fin determinado o un trámite urgente que no estaba previsto en la agenda) en los Tribunales de Criminalidad Organizada y Corrupción, a la que deben comparecer las defensas y los funcionarios que están siendo investigados.
El proceso está relacionado con las contrataciones y actuaciones administrativas vinculadas con la construcción de los hospitales de Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque, proyectos impulsados durante la administración anterior.
La investigación se mantiene en una etapa en la que el MP busca determinar si existen elementos que permitan establecer responsabilidades individuales por las decisiones adoptadas durante los procesos de contratación y ejecución de las obras.
