- El informe del Tribunal Superior de Cuentas cuestiona la gestión del programa, documenta bajos niveles de ejecución y revela deficiencias administrativas y financieras dentro de la estrategia para reducir las pérdidas de la ENEE.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
El Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) quedó bajo severo cuestionamiento tras una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que concluyó que el programa no cumplió con lo que demanda su creación, pese a haber ejecutado L5,644.7 millones entre 2022 y 2024.
El informe establece que la recuperación de pérdidas fue limitada frente al volumen de recursos manejados. En 2023, la reducción alcanzó apenas 1.34 puntos porcentuales, mientras que en 2024 llegó a 4.81 puntos porcentuales.
Para el órgano contralor, los resultados evidencian que las acciones implementadas para combatir las pérdidas técnicas y no técnicas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) estuvieron lejos de las metas establecidas.
2023: el año de mayor rezago
Uno de los principales hallazgos corresponde a 2023, cuando el PNRP programó 728,551 acciones, pero únicamente ejecutó 317,399, equivalente al 43.57% de lo previsto.
La recuperación de energía tampoco alcanzó las expectativas. La meta era recuperar 380.48 millones de kilovatios hora (kWh), pero solo se recuperaron 96.39 millones, es decir, el 25.34% de lo proyectado.
El TSC concluyó que las líneas de acción implementadas durante ese período no fueron eficientes para alcanzar la meta de recuperación proyectada.
En 2024 hubo una mejoría. El programa ejecutó 455,983 de las 644,815 acciones previstas, alcanzando el 70.72% de cumplimiento. En recuperación energética llegó a 173.85 millones de kWh, equivalente al 61.35% de la meta.
Aunque los indicadores mejoraron, el Tribunal sostiene que persisten observaciones sobre la eficiencia y gestión del programa.
Millonarios recursos y fallas de gestión
La auditoría también encontró deficiencias en aspectos básicos de administración.
El PNRP no contaba con manuales debidamente aprobados para reclutamiento y selección de personal, capacitación, evaluación del desempeño y compras y contrataciones.
Además, de las 248 capacitaciones programadas entre 2022 y 2024, quedaron pendientes 50.
En el ámbito contable, el TSC constató que el programa no disponía de un sistema informático para registrar sus operaciones y que utilizaba hojas electrónicas de Excel para llevar los registros contables, incluyendo diarios, mayores y estados financieros.
El Plan Operativo Anual tampoco alcanzó niveles elevados de ejecución: fue de 47.69% en 2023 y 57.72% en 2024.
L2,000 millones terminaron en la ENEE
Otro de los hallazgos que sobresale en el informe es el traslado de L2,000 millones desde fondos del PNRP hacia la ENEE.
Según el TSC, los recursos fueron trasladados desde la Cuenta Única de la Tesorería General de la República hacia la libreta principal de la estatal eléctrica y utilizados para cubrir servicio de deuda que vencía en junio de 2023 y pagos a generadores de energía.
La auditoría también identificó cuentas pendientes por préstamos de materiales entre ambas instituciones. Al cierre de 2024, el PNRP registraba L17.94 millones por cobrar a la ENEE, mientras mantenía una cuenta por pagar de L1.11 millones.
TSC exige un plan de acción
Ante los hallazgos, el Tribunal Superior de Cuentas estableció que las recomendaciones derivadas de la auditoría son de cumplimiento obligatorio y ordenó a las autoridades presentar, en un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación, un Plan de Acción.
El documento deberá incluir las medidas que serán implementadas, un período definido para ejecutarlas y el funcionario responsable de cada recomendación.
El informe deja así una fotografía crítica de la gestión del PNRP: L5,644.7 millones ejecutados entre 2022 y 2024, pero resultados que, según el propio TSC, no fueron suficientes para cumplir con el objetivo fundamental de reducir de manera efectiva las pérdidas de la ENEE.
