Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó en las últimas horas un recurso de apelación en contra del fallo que emitió la Corte II de Apelaciones de lo Civil que declaró “Sin Lugar” solicitud de antejuicio promovido el pasado 9 de febrero en contra de la jueza de letras de lo civil de Francisco Morazán, Irisabel Lucía Miranda Hernández, por suponerla responsable del delito de prevaricato judicial continuado en perjuicio de la administración de justicia.
En la apelación, los fiscales exponen como agravios una flagrante violación al debido proceso y a la correcta impartición de justicia en razón que la magistrada que fungió como presidenta del tribunal que resolvió denegar el antejuicio, ha intervenido en la demandas respaldando las resoluciones cuestionadas a la togada Irisabel Lucía Miranda Hernández, es decir, actuando como juez y parte.
Como agravios se suma el hecho que este fallo valida la postura de la jueza antejuiciada que un laudo arbitral internacional no requiere reconocimiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pese a que su fuerza ejecutiva de las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas (UNCITRAL).
El caso está relacionado a una resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) celebrada el 7 de septiembre de 2009 entre la empresa DRS Inc y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), en la cual se condenó al Estado a pagar más de 51 millones de dólares ($. 51,482,556.90), equivalente a más de mil millones de lempiras.
A dicha resolución la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le denegó su reconocimiento mediante una sentencia de fecha 7 de agosto de 2013, considerando que era contraria al orden público y había violentado los procedimientos de arbitraje establecidos en el ordenamiento jurídico interno.
Pese a ello, seis años después, en fecha 3 de diciembre de 2019, la jueza antejuiciada arbitrariamente reconoció y ordenó la ejecución de la resolución arbitral internacional que derivó en el embargo de las cuentas del Estado de Honduras y que hasta ahora ha dejado un perjuicio de 381 millones de lempiras en concepto de pago de demanda.
Además, la funcionaria judicial, bajo el argumento que el Estado de Honduras había actuado de forma dolosa al pago de la deuda, lo condenó por un monto adicional de 42 millones de lempiras por concepto de costas procesales, ya cancelados a la fecha.
Cabe señalar que, el reconocimiento irregular que la jueza Irisabel Lucía Miranda Hernández le dio a la referida resolución que se originó del arbitraje entre la empresa DRS Inc y el FHIS, es lo que ha dado lugar al recién embargo del que ha sido objeto el Estado de Honduras por parte de la empresa DRS Inc, esta vez, por un monto de 106 millones de dólares, equivalente a más de dos mil 600 millones de lempiras.
En ese contexto, la UFERCO, en el antejuicio solicitó se le autorice a proceder con el requerimiento fiscal en contra de la jueza señalada, a quien se le considera parte de un grupo de personas sujetos de investigación de distintas instituciones, entre ellas del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), el FHIS y particulares.
