El juicio contra Juan Orlando Hernández en Nueva York sacará a la luz una historia de venganzas y asesinatos por acallar a posibles testigos
Por Héctor Silva Ávalos
El juez de distrito estadounidense Kevin Castel llama al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández con sus abogados para un aparte durante una audiencia en el tribunal federal de Manhattan en Nueva York, Estados Unidos. 23 de enero de 2024. REUTERS/Jane Rosenberg
Los fiscales distritales de Nueva York anunciaron a última hora que incluirían a un nuevo testigo del gobierno en el juicio contra Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, programado para iniciar el próximo 12 de febrero en la corte del distrito sur de Manhattan. El nuevo testigo se llama Fabio Lobo y es hijo de otro expresidente, Porfirio Lobo, antecesor de Hernández. Lo que Fabio dirá, según los agentes del Departamento de Justicia que han investigado y litigan el caso, confirma la tesis de la fiscalía: desde principios de este siglo, el narcotráfico patrocinado en parte por el poderoso Cartel de Sinaloa infiltró hasta lo más alto del poder político hondureño y convirtió al país en un Estado-mafia.
Los agentes del Departamento de Justicia (DOJ en inglés) habían mantenido en secreto la comparecencia de Fabio Lobo hasta que, poco antes de una audiencia especial realizada el 18 de enero pasado, hicieron la solicitud oficial de que el tribunal aceptara este testimonio. El juez Kevin Castel, titular en el distrito sur de Nueva York (SDNY en inglés) aceptó esta y la mayoría de las peticiones que la fiscalía hizo ese día. La inclusión de Fabio Lobo en la lista de testigos abrió heridas viejas y recientes en Honduras, entre ellas las sospechas de la inteligencia policial hondureña de que el asesinato de Said Lobo, hermano de Fabio e hijo de Porfirio, está relacionado de alguna manera con el juicio a Juan Orlando Hernández en Estados Unidos.
En al menos dos escritos que han presentado a la corte neoyorquina a lo largo del proceso contra Hernández, el expediente criminal 15-cr-00370-PKC-10 abierto el 27 de enero de 2022, los fiscales distritales habían adelantado el testimonio de Fabio Lobo, a quien primero identificaron como CW-3 y desde el 18 de enero pasado por su nombre.
En esencia, el hijo del expresidente declarará que él fue parte de una conspiración para introducir toneladas de cocaína desde Honduras a Estados Unidos y que en esa empresa contó con la protección del poder político que gobernó su país desde 2009 hasta 2015, cuando fue capturado en Haití por agentes federales estadounidenses. En septiembre de 2017, Lobo fue condenado en Estados Unidos a 24 años de cárcel por narcotráfico.
En específico, los fiscales presentarán testimonio de Fabio Lobo que implica directamente a Juan Orlando Hernández con los narcos hondureños. Lobo dirá que él gestionó el transporte de varias toneladas de cocaína desde aeródromos ubicados en zonas selváticas y montañosas del noreste hondureño hasta la salida hacia Guatemala y México por la occidental provincia de Copán a través de unos 550 kilómetros de carretera. Para hace esto, Lobo gestionó convoyes que tenían protección de patrullas policiales. También dirá Lobo que Hernández le ayudó a lavar dinero de la banda de narcotraficantes Los Cachiros, una de las más poderosas en la historia de Honduras, a través de contratos gubernamentales entregados a empresas fantasma.
Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo y condenado por tráfico de drogas, será testigo en el juicio a Juan Orlando Hernández, otro exmandatario de Honduras.
La entrega de contratos a Los Cachiros empezó, en realidad, antes de que Juan Orlando Hernández fuera presidente, entre 2010 y 2011, cuando en Honduras gobernaba Porfirio Lobo, el padre de Fabio. En los primeros cinco meses posteriores a su fundación en 2010, una empresa llamada Inrimar recibió dos docenas de contratos por unos USD 2.7 millones del gobierno Lobo. Los dueños de Inrimar eran Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga, los dos hermanos que dirigían la banda de narcotraficantes Los Cachiros.
Además, Fabio Lobo, según los adelantos ofrecidos por los fiscales, asegurará que él medió en la entrega de dinero del Cartel de Sinaloa a Hernández para facilitar el tráfico de cocaína hacia México y, de ahí, a Estados Unidos.
También dirá el hijo del expresidente Lobo que el Cartel de Sinaloa negoció entre 2011 y 2012 el acceso a Puerto Cortés, la puerta marítima más importante del país y una de las más grandes en la costa Caribe centroamericana, con Tony Hernández, hermano de Juan Orlando, quien entonces era presidente del Congreso y se preparaba para ser candidato a presidente del país. Y dirá Fabio que pidió información clasificada de radares manejados por el gobierno Hernández para facilitar el aterrizaje de narcoaviones en Honduras.
Otros narcos hondureños que han testificado en Estados Unidos o han sido condenados ahí dirán cosas similares en el juicio a Hernández y a otros dos acusados, pero ninguno de ellos tiene el pedigrí político de Fabio Lobo, hijo de un expresidente, o el acceso que este tuvo a recursos del Estado, como armas, vehículos y protección policial. Es Lobo, más que los otros testigos, el que hablará de la conexión directa entre narcos y política. Y es por eso, según un alto oficial de inteligencia hondureño consultado, que la muerte de su hermano Said encendió todas las alarmas en Honduras.
Masacre en la disco
Said Lobo fue asesinado la madrugada del 14 de julio de 2022 cuando salía de una discoteca ubicada cerca del centro de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Lo asesinó un comando formado por cinco hombres armados con fusiles automáticos de calibre grueso, quienes iban vestidos con uniformes similares a los que utilizan las fuerzas especiales de la policía hondureña. Fue una masacre: los sicarios, pandilleros según las primeras investigaciones, mataron a Lobo y a tres hombres que lo acompañaban.
Dos semanas después, el 29 de julio, fue capturado Fernando Daniel López Lara, un agente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN, una dependencia del Ministerio Público. López fue acusado de robarse armas de grueso calibre de la bodega en que el MP almacena pruebas. Desde el principio, la inteligencia policial sospechó que esas eran las armas utilizadas en el atentado en el que murió Said Lobo. Las autoridades del MP, sin embargo, desmintieron muy pronto esa sospecha diciendo que habían hecho pruebas de balística, las cuales descartaban que las armas utilizadas en la masacre hayan sido las extraídas del MP. Al menos dos altos oficiales en el aparato de seguridad de la actual presidenta, Xiomara Castro, quienes hablaron con Infobae bajo condición de anonimato por seguridad, no dieron credibilidad alguna al desmentido.
“Quedó claro que había una vinculación entre esa masacre y los juicios en Nueva York. Hubo actos preparatorios a los asesinatos, un trabajo de sicariato especializado. Nada se dejó al azar. Hubo gente de adentro que les dio la información… El análisis de los videos (levantados en la escena del crimen) deja claro que se trata de comandos y las investigaciones nos llevaron a que eran fuerzas especiales al servicio del crimen organizado”, dijo un alto oficial de la inteligencia hondureña a Infobae.
En julio de 2022, pocos días después de la masacre, Infobae tuvo acceso a varios informes de inteligencia, a videos y a actas policiales relacionadas con la masacre que apoyan la tesis del alto oficial consultado. “La muerte del hijo del expresidente Porfirio Lobo responde a un mensaje/amenaza de parte de un grupo de exfuncionarios que se apoderaron de una cantidad de dinero y hacen uso de esto para coaccionar por medio de la (pandilla) MS a las personas que declararán contra el expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York”, decía uno de esos informes, del que Infobae tiene copia.
Sobre el desmentido del MP, el mismo oficial de inteligencia advierte de que se trató de un encubrimiento. “Hubo manipulación… Esa escena del crimen quedó alterada. Fue la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público) la que se hizo cargo de esa escena… ¿Qué podemos esperar?”, cuestiona el oficial en referencia a sospechas de que la ATIC encubrió investigaciones que involucraban el expresidente Hernández cuando el MP estaba bajó las órdenes de Óscar Chinchilla, el fiscal general leal al exmandatario. En la actualidad, nuevas autoridades del MP recién electas han abierto una investigación por el posible encubrimiento en el homicidio de una agente fiscal que investigó las actividades de narcotráfico de Antonio “Tony” Hernández, hermano de Juan Orlando. Ese encubrimiento también incluyó la alteración de la escena del crimen.
Una investigación independiente de Pro Honduras Network, una organización hondureña asentada en Estados Unidos que ha seguido de cerca los juicios en Nueva York, determinó que el vehículo en el que viajaba Said Lobo la madrugada que lo asesinaron había sido decomisado al familiar de Roosevelt Avilez, un alcalde del partido de Juan Orlando Hernández que fue acusado de lavado de activos. El GPS de este vehículo estaba a disposición de la DLCN, dependencia a la que estaba asignado el agente Fernando Daniel López Lara, en cuya vivienda encontraron armas similares a las usadas en la masacre que habían sido robadas de una bodega en una sede del Ministerio Público.
Aunque en su momento el MP intentó desmentir la vinculación de las armas robadas con el asesinato de Said Lobo, el Poder Judicial de Honduras confirmó, en sus redes sociales, que al agente López Lara estuvo vinculado a la masacre. “Los delitos por los que es acusado se vinculan con la masacre del 14 de julio en el Bulevar Morazán (la avenida de Tegucigalpa donde están las discotecas en cuyo estacionamiento fue asesinado Said Lobo)”, comunicó el Poder Judicial en un post en la red X que luego borró, según la investigación de Pro-Honduras Network.
La posibilidad de que el asesinato de Said Lobo esté relacionada con el testimonio de Fabio, su hermano, contra Juan Orlando Hernández se suma a sospechas de que al menos otros cuatro homicidios ocurridos en los últimos años en Honduras tengan que ver con un complot para callar testigos en los casos contra Juan Orlando Hernández y otros que, en su momento, declararon contra Tony Hernández, el hermano del presidente y quien fue sentenciado a dos cadenas perpetuas por narcotráfico en marzo de 2021.
Una saga de venganzas
Todo quedó registrado por una cámara de video. El 22 de junio de 2023, la cámara de seguridad instalada en la panadería del centro comercial Río Piedras de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, grabó el asesinato: tres mujeres, una de ellas en un vestido negro de tirantes, intentan esconderse tras un mostrador de dos hombres armados con fusiles que acaban de entrar. No pasan ni tres segundos cuando uno de ellos, vestido con uniforme policial y el rostro cubierto con un gorro pasamontañas, se acerca a las mujeres y las mata de varios disparos. La mujer de negro respondía al nombre de Ericka Julissa Bandy García y era viuda; a su esposo, conocido como Magdaleno Meza, lo habían matado el 26 de octubre de 2019 en El Pozo, una cárcel de máxima seguridad ubicada a 90 kilómetros de San Pedro.
El nombre verdadero de Magdaleno Meza es Nery López Sanabria. Durante varios años, López fue socio de Tony Hernández, el hermano de Juan Orlando, a quien sirvió como una especie de contador y secretario. En varias libretas, el contador había escrito con detalle fechas de entregas de cargamentos de cocaína, los nombres de los dueños de esos alijos y los de sus destinatarios. El nombre del expresidente aparece varias veces ahí. Esos apuntes, a los que la prensa hondureña llamó narcolibretas, han sido ofrecidos como pruebas contra Juan Orlando Hernández en el juicio en Nueva York.
“El 6 de junio de 2018 -explican los fiscales estadounidenses en un escrito de mayo de 2023 en que resumen las pruebas ofrecidas- el ejército de Honduras recuperó varias armas, granadas, una gran cantidad de dólares americanos, y libretas de un carro en el que Nery López Sanabria, un narcotraficante hondureño, viajaba como pasajero. Durante una búsqueda en el vehículo, los agentes encontraron compartimentos ocultos en los que había armas de fuego, casi USD 200,000, dos granadas y las libretas”.
A López lo enviaron a la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo, en la provincia de Santa Bárbara. Un comando de varios hombres uniformados como guardias penitenciarios, armados con subametralladoras Uzi, entraron a la cárcel sin contratiempos, hasta donde estaba el exsocio de los Hernández y lo acribillaron. La inteligencia policial identificó a un jefe de la pandilla MS13 como el cerebro de esa masacre. Ese pandillero, que se llama Alexander Mendoza, alias Porky, escapó en febrero de 2020 de otra cárcel en la que estaba, también ayudado por un comando de fuerzas especiales uniformados. Todo, dice el alto jefe policial consultado, está relacionado.
“El operativo para sacar a Porky de la cárcel es muy parecido al asesinato de Said Lobo”, aseguró el oficial a Infobae.
Nery López Sanabria, alias Magdaleno Meza, fue cómplice de Juan Orlando Hernández y su hermano Tony Hernández. López, quien poseía libretas en las que el nombre del expresidente hondureño aparece vinculado a alijos de cocaína, fue asesinado en prisión.
Los ecos de estas masacres llegaron a las cortes neoyorquinas hace unos años, cuando ahí se empezaron a litigar los casos contra narcotraficantes hondureños. En miles de folios anexos a esos expedientes judiciales constan asesinatos, venganzas, sobornos y complots políticos. En ninguno la historia es tan impactante como en el expediente 15-cr-00370-PKC-10, el que involucra a Juan Orlando Hernández; es en ese legajo que fiscales estadounidenses cuentan la historia del presidente que puso a un Estado completo al servicio del narco, de sus negocios y sus masacres.
La fiscalía estadounidense, de hecho, ha aceptado por escrito que hay quienes “enfrentan riesgos de daño por testificar” y recuerda que ya hubo, en Honduras, asesinatos relacionados con este caso, como el del narco Nery López Sanabria.
