Un juez federal de New Hampshire bloqueó con carácter nacional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento, que anunció con una orden ejecutiva en su segundo día en el poder y ha resultado ser una de las más polémicas.
«Privar de la ciudadanía estadounidense es un cambio abrupto de una política de larga data y provoca daños irreparables», dijo el juez Joseph Laplante quien, sin embargo, declaró una pausa de siete días en su decisión para permitir al Gobierno apelar su fallo, según recoge el caso tramitado como una demanda colectiva por la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
El juez, nombrado por el presidente George W. Bush, resaltó que la ciudadanía estadounidense «es el mayor privilegio que existe en el mundo».
La orden ejecutiva debía entrar en vigor el próximo 27 de julio, después de que el Tribunal Supremo invalidara otras órdenes de bloqueo parecidas emitidas por jueces estatales con el argumento de que no podían bloquear órdenes con alcance federal, en lo que se consideró un fallo de enorme trascendencia jurídica ante la «barrera» de decisiones judiciales que se han opuesto a las políticas de Trump.
El fallo de Laplante a la moción presentada por «Barbara y otros» señala que los demandantes «pueden sufrir un daño irreparable si no se otorga la orden (de bloqueo)».
Este mismo juez ya se había opuesto en otro fallo de febrero a la misma orden ejecutiva, pero limitando el alcance de su fallo solo a los miembros de varias organizaciones y no con carácter universal, y alegó entonces que la orden de Trump violaba la 14 enmienda constitucional.
Según la primera interpretación, el fallo de Laplante se refiere a «los niños existentes y los futuros» que se verían afectados por la orden ejecutiva, pero no menciona a sus padres, como habían solicitado los demandantes.
La peticionaria principal, Barbara (sin que se revelen sus apellidos), es una ciudadana hondureña que está pendiente de una solicitud de asilo y que espera a un primer hijo en octubre de este año que nacería en territorio estadounidense.
La demanda recuerda que la nacionalidad por nacimiento es un «tesoro» garantizado por la enmienda 14 de la Constitución y por una larga jurisprudencia.
En otra arista del programa migratorio de Trump, el Departamento de Educación de EE.UU. anunció la revocación de una regla implementada durante la administración del demócrata Bill Clinton (1993-2001) que permitía a inmigrantes indocumentados acceder a fondos públicos destinados a programas de educación técnica, profesional y para adultos.
Según el Gobierno, la normativa vigente desde 1997 violaba la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo (PRWORA), al permitir el uso de recursos federales para financiar programas educativos dirigidos a personas en situación migratoria irregular.
«Los programas de educación pos-secundaria financiados por el gobierno federal deben beneficiar a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales», declaró la secretaria de Educación de EEUU, Linda McMahon, en un comunicado.
«Bajo el liderazgo del presidente Trump, los trabajadores estadounidenses que pagan impuestos ya no financiarán la participación de inmigrantes ilegales en nuestros programas o actividades de educación técnica, profesional o para adultos», agregó.
La PRWORA limita el uso de beneficios públicos federales mayoritariamente a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, según la agencia federal, que comenzará a aplicar la nueva interpretación a partir de agosto.
Con información de EFE
