- Jari Dixon Herrera advierte que grabación donde se menciona desvío de fondos no es prueba suficiente, pese a la gravedad de lo revelado
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, cuestionó este lunes el valor probatorio del video que expone una supuesta trama para el desvío de fondos públicos desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) hacia fines políticos del oficialismo, calificándolo como insuficiente para configurar un caso de corrupción.
“El video no basta, se necesita mucho más”, dijo Herrera, refiriéndose a la grabación en la que el ahora exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y la vicepresidenta del Congreso Nacional, Isis Cuéllar, detallan presuntamente mecanismos de distribución de recursos para beneficiar estructuras del partido Libre durante campañas políticas.
El parlamentario oficialista alegó que cualquier acusación debe basarse en una investigación más profunda. “Imagino que ya están recolectando documentación de las instituciones involucradas”, afirmó, restando peso a la evidencia audiovisual y apelando a la necesidad de construir un caso robusto.
“Un video por sí solo no es prueba suficiente. La corrupción no se investiga como un delito común”, añadió el exfiscal, justificando que se requiere confirmar montos, rastrear transacciones, identificar testigos y consolidar toda la información antes de presentar requerimientos fiscales.
Aunque el diputado no negó lo que se discute en el video, su defensa ante lo que llamó “una prueba aislada” deja en evidencia la narrativa de contención que sectores del oficialismo están adoptando frente a una denuncia que ha generado indignación pública.
El caso ha encendido nuevamente el debate sobre la transparencia en el uso de los fondos públicos, y ha puesto en la mira a figuras clave del aparato gubernamental.
Sin embargo, la reacción de Dixon sugiere una postura institucional que tiende a diluir la gravedad de los hechos bajo argumentos procesales.
En momentos en que la confianza ciudadana en las instituciones se encuentra en crisis, la minimización de evidencias por parte de representantes del oficialismo podría enviar un mensaje de impunidad. Mientras tanto, el Ministerio Público aún no ha presentado requerimientos fiscales, y la ciudadanía sigue a la espera de respuestas y acciones concretas.
