Una jueza federal bloqueó este viernes el uso de la deportación acelerada invocada por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para agilizar la expulsión del país de inmigrantes que fueron dejados en libertad condicional dentro de EE.UU.
La magistrada Jia M. Cobs, del Tribunal del Distrito de Columbia, ordenó a la Casa Blanca detener la deportación sumaria de cientos de miles de inmigrantes que habían logrado ingresar a EE.UU. huyendo de la persecución en sus países de origen.
El fallo se da en respuesta a una demanda presentada por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), la Red UndocuBlack (UBN) y CASA alegando que el Ejecutivo está usando un proceso de deportación “profundamente defectuoso”, tras anular en marzo pasado un programa de la era del expresidente Joe Biden (2021-2025) para reducir el ingreso de extranjeros por la frontera sur del país.
La querella, presentada en nombre de varios inmigrantes a los que se les permitió ingresar a Estados Unidos bajo la Operación Aliados Bienvenidos o el programa patrocinado para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), solicitaba al tribunal detener las expulsiones de inmigrantes sin que se les dé acceso a una audiencia y representación legal.
En su orden, la juez Cobs opinó que el caso plantea “una cuestión de equidad”, en donde los inmigrantes expuestos a la deportación acelerada ingresaron al país conforme a las reglas establecidas, pero ahora, el gobierno las ha cambiado a pesar de que la ley estatutaria “prohíbe” hacerlo al Ejecutivo.
La magistrada también cuestionó las tácticas usadas por la actual Administración para expulsar a los inmigrantes y que van rumbo a imitar a la de las naciones de donde huyeron.
“¿Serán expulsados sumariamente de un país, al ser detenidos en puestos de control y a la salida de los tribunales, a menudo por agentes vestidos de civil sin explicaciones ni cargos, puede parecerse cada vez más a los países de los que intentaron escapar?”, escribió Cobs.
El bloqueo de las deportaciones aceleradas representa otro revés para el Gobierno Trump, que ha elevado su meta de arrestos de inmigrantes y deportaciones a 800 por día.
Angélica Salas, directora de Chirla, aplaudió en un comunicado el fallo y destacó que los inmigrantes demandantes “hicieron absolutamente todo lo que el Gobierno les pidió” para tener la oportunidad de comenzar una nueva etapa en Estados Unidos.
“Merecen la dignidad de un día en la corte y esta demanda busca asegurar que la reciban”, indicó la activista.
En marzo pasado, la Casa Blanca anunció la derogación del beneficio migratorio conocido como CHNV, que ha permitido a unos 530.000 inmigrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua residir y trabajar temporalmente en el país, tras ser avalados por un patrocinador.
El DHS argumentó que el programa «no aporta un beneficio público significativo, no ha sido necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal, no cumple sus propósitos previstos y es incompatible con los objetivos de política exterior» de la Casa Blanca.
Los amparados tenían hasta el 24 de abril para conseguir otro beneficio o se exponen a la deportación.
Ama Frimpong, directora legal de CASA, advirtió en un comunicado que la lucha “está lejos” de terminar y seguirán peleando en corte para que la orden temporal sea permanente.
La Casa Blanca ya enfrenta otras dos demandas por la cancelación del programa CHNV.
Con información de EFE
