• El organismo advierte que la falta de presupuesto limita su capacidad para fiscalizar las campañas electorales en un momento clave del proceso rumbo a las elecciones generales de 2025.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En pleno desarrollo del proceso electoral rumbo a las elecciones generales de 2025, la transparencia en el financiamiento político vuelve a colocarse en el centro del debate público.
La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), conocida como Unidad de Política Limpia, mantiene bajo investigación a más de diez candidatos a cargos de elección popular que habrían utilizado recursos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para financiar sus campañas.
La investigación, revelada por el comisionado Emilio Hernández Hércules, se da en un momento crítico para la institución, que enfrenta limitaciones presupuestarias que amenazan con debilitar su papel fiscalizador durante la contienda electoral.
“Cada semana que pasa sin la aprobación del presupuesto solicitado se disminuye la capacidad fiscalizadora de esta unidad”, advirtió Hernández, al recordar que la ley concede solo 90 días para la supervisión del gasto electoral.
Transparencia en riesgo
El comisionado señaló que la falta de recursos pone en entredicho la capacidad del organismo para garantizar la transparencia en el uso del dinero político.
La UFTF se enfrenta a uno de sus mayores retos justo cuando la legislación electoral autoriza la etapa de publicidad y propaganda política, un período en el que el flujo de fondos de campaña suele incrementarse.
Según Hernández, la ausencia de presupuesto afecta el trabajo de los equipos técnicos y legales, que requieren movilidad, tecnología y personal especializado para auditar los informes de ingresos y egresos de los partidos.
“El problema no es menor. Cada día sin recursos limita nuestra capacidad para seguir la pista del dinero político y para exigir rendición de cuentas”, subrayó el funcionario.
Candidatos bajo la lupa por fondos de Sedesol
La advertencia del comisionado coincide con una revelación que sacude el ambiente político: más de diez aspirantes a cargos de elección popular están siendo investigados por el presunto uso de fondos públicos provenientes de Sedesol para financiar sus campañas.
El caso será analizado por el pleno de la Unidad de Política Limpia para determinar las acciones legales correspondientes.
“Son situaciones que deben investigarse a fondo. Si se comprueba el uso de fondos públicos en campañas, se estaría violentando la ley electoral y los principios de rendición de cuentas”, afirmó Hernández.
De comprobarse las irregularidades, los implicados podrían enfrentar sanciones administrativas o penales, dependiendo del dictamen final.
Autonomía con recursos limitados
Aunque la Unidad de Política Limpia cuenta con autonomía técnica y funcional al estar adscrita al Consejo Nacional Electoral (CNE), su independencia se ve comprometida por la falta de recursos financieros.
La situación genera preocupación entre observadores y sectores sociales que advierten que sin un control efectivo del financiamiento político, se corre el riesgo de que el dinero público o de origen ilícito influya en la equidad electoral.
El desafío para la UFTF es doble: fiscalizar con recursos escasos y, al mismo tiempo, demostrar que en Honduras aún es posible vigilar el dinero político con integridad y firmeza.
Antecedente: el “Checazo” en Sedesol
El caso adquiere mayor relevancia tras el escándalo ocurrido en julio pasado en la Sedesol, cuando salió a la luz una conversación telefónica sobre la entrega de cheques de 100 mil lempiras a estructuras políticas del partido Libertad y Refundación (Libre).
La llamada, entre la diputada Isis Cuéllar y el entonces titular de Sedesol, Carlos Cardona, provocó la renuncia del funcionario y abrió una investigación tanto en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) como en el Ministerio Público (MP), en el caso conocido como el “Checazo”.
En este contexto, las nuevas indagaciones de la Unidad de Política Limpia reavivan el debate sobre el uso de fondos públicos en campañas políticas y la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización para evitar que las elecciones de 2025 se vean empañadas por la corrupción y el clientelismo.
