En Teherán creen que sería suficiente que dos o tres países se unan para conformar un tribunal que dicte tal sentencia, matizando que habría que tener en cuenta hasta qué punto se podría hacer cumplir.
IRÁN.
(RT)- Dictar una sentencia de muerte contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por los «crímenes de guerra» cometidos contra los palestinos en la Franja de Gaza «no es imposible», en opinión del viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi. «Es posible, si se hacen los esfuerzos», aseveró el alto funcionario en una entrevista con el sitio informativo Khamenei.ir, citada por Press.tv.
Gharibabadi lamentó la falta de un tribunal justo para investigar los crímenes de Israel y sus funcionarios, señalando que la Corte Penal Internacional (CPI) solo ha emitido una orden de arresto, que es la acción más básica de una autoridad judicial. A juicio del vicecanciller, «dos o tres países» que apoyan al pueblo palestino y condenan dichos crímenes podrían unirse y formar un «tribunal conjunto» que dicte la pena capital para los dirigentes del Estado hebreo.
Sin embargo, matizó que hay que tener en cuenta hasta qué punto se podría hacer cumplir esa sentencia y cuál sería la garantía de su aplicación.
- En noviembre, el vicecanciller iraní declaró que ya es «hora de proceder a la expulsión del régimen israelí de la ONU».
- Ese mismo mes, la 1.ª sala de cuestiones preliminares de la CPI expidió órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa de su gabinete, Yoav Gallant, «por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra» cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024, día en que la Fiscalía presentó las solicitudes para arrestarlos.
- A finales de noviembre, el líder supremo de Irán, al ayatolá Alí Jameneí, valoró que dictar una orden de arresto «no es suficiente. Debería dictarse pena de muerte para Netanyahu, pena de muerte para esos dirigentes criminales».
- El Gobierno de Israel notificó que apelará la decisión de los jueces, porque «niega la autoridad de la CPI de La Haya y la legitimidad de las órdenes de arresto emitidas».
