TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A dos semanas de que expire el actual Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el vicecanciller para asuntos consulares y migratorios, Antonio García, lanzó públicamente una propuesta para “salvar” la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), iniciativa que continúa estancada a pesar de haber sido una de las principales promesas de campaña del actual gobierno.
En una publicación en redes sociales, García propuso una cláusula condicional como fórmula para destrabar las diferencias entre la ONU y el Gobierno hondureño.
“Si la principal traba está en que la ONU quiere ciertas reformas previas, como la Ley de Colaboración Eficaz y la eliminación de artículos del llamado Código de la Impunidad, y el Gobierno prefiere que las reformas se hagan sobre la marcha, propongo una cláusula condicional: que el Acuerdo se firme, pero que la CICIH solo se instale cuando el Congreso Nacional haya aprobado dichas reformas”, escribió el diplomático.
Con esta propuesta, el vicecanciller intenta deslindar responsabilidades del Ejecutivo, asegurando que, si se firma el convenio, el gobierno habrá cumplido su parte. “La negociación y firma compete al Ejecutivo, y la ratificación al Legislativo”, agregó.
La propuesta llega en un momento crítico, cuando el tiempo para concretar el convenio se agota y el escepticismo ciudadano crece.
A pesar de la firma de varios memorándums de entendimiento desde 2022, la CICIH sigue siendo una promesa incumplida y cada vez más lejana.
Inspirada en mecanismos como la CICIG en Guatemala y la extinta MACCIH en Honduras, la CICIH fue presentada por la administración de Xiomara Castro como una herramienta clave para combatir la corrupción estructural.
Sin embargo, su instalación requiere condiciones claras: un acuerdo formal con la ONU, garantía de independencia, autonomía operativa y reformas legales, entre ellas la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz.
Analistas y sectores de oposición consideran que, a pocos meses del final del actual gobierno, es prácticamente inviable que la CICIH se instale en esta administración, ya que la ratificación del acuerdo requeriría una nueva legislatura.
Mientras tanto, el retraso ha alimentado el descontento ciudadano y la crítica política.
Lo que alguna vez fue una bandera de lucha anticorrupción, hoy se percibe como una promesa vacía, dilatada entre excusas técnicas, falta de voluntad y trabas políticas internas.
En la recta final del mandato, la CICIH se ha convertido en un símbolo del desencanto con las reformas prometidas y no concretadas.
Y aunque la propuesta del vicecanciller busca abrir una salida diplomática, también evidencia el fracaso de un compromiso que, hasta ahora, no pasó de la retórica.
