TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El vicecanciller hondureño en asuntos consulares y migratorios, Antonio “Tony” García, negó categóricamente este jueves las acusaciones de que la Cancillería estaría reteniendo Documentos Nacionales de Identificación (DNI) con fines electorales, en respuesta a la denuncia realizada por Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, quien reportó la retención de al menos 400 mil DNIs de hondureños en Estados Unidos.
García calificó los señalamientos como “una de las calumnias más grandes” contra la institución que dirige.
Según él, el gobierno dispone de un sistema eficiente de distribución y seguimiento de los documentos, y se ha instruido a los consulados a entregar los DNIs de inmediato a todo connacional que los solicite, sin demoras ni trabas.
“Jamás usaremos la Cancillería para fines partidarios”, aseguró el funcionario, quien también afirmó que la presidenta Xiomara Castro ha ordenado una entrega eficiente, apoyada con la apertura de nuevos consulados, consulados móviles y más personal destinado a la atención de la diáspora en EE.UU.
Sin embargo, más allá del discurso oficial, las cifras presentadas por García generan inquietudes.
Afirmó que han recibido 364 mil DNIs, de los cuales solo se han entregado poco más de 106 mil. Es decir, casi el 70% de los documentos sigue sin llegar a manos de sus destinatarios, lo que representa una cifra preocupante para una población migrante que depende de esta identificación para regularizar su situación en el extranjero.
El vicecanciller también atribuyó el retraso a la “falta de interés” de los propios hondureños en reclamar sus documentos, deslindando responsabilidad institucional.
“Saben cuál es la causa principal del problema? Que los compatriotas no van a reclamar sus DNIs”, dijo, omitiendo analizar si la logística actual, la falta de información o barreras de acceso a los consulados podrían estar desincentivando el reclamo de los documentos.
Asimismo, la denuncia de Juan Flores no se basa únicamente en cifras, sino en testimonios de cientos de hondureños que alegan obstáculos administrativos y demoras excesivas, incluso después de acudir a los consulados.
En ese sentido, la narrativa oficial parece reducir el problema a una cuestión de percepción o manipulación política, sin abordar de forma autocrítica los posibles fallos en el proceso de entrega.
La promesa de implementar un sistema de entrega por correo es positiva, pero aún no se concreta. Y aunque el vicecanciller insiste en la transparencia del proceso, la falta de acceso a información pública detallada y verificable sobre el manejo de estos documentos limita la capacidad de la ciudadanía para fiscalizar el cumplimiento de esas promesas.
En medio de la desconfianza histórica hacia las instituciones hondureñas, especialmente en procesos electorales, los llamados a “no politizar” el tema no bastan por sí solos.
La Cancillería debe acompañar sus declaraciones con acciones verificables, rendición de cuentas y apertura al escrutinio público, especialmente cuando lo que está en juego es el derecho a la identidad y la participación ciudadana de miles de hondureños en el exterior.
