- Juzgado de Paz de Pasaquina envía a prisión preventiva a Santiago Zúniga Cruz y a otra imputada tras captura en la frontera de El Amatillo
EL SALVADOR. –
El Juzgado de Paz de Pasaquina ordenó la detención provisional de Santiago Zúniga Cruz, de 59 años, conocido como “Apóstol Chago”, y de Lidia Saharay Maldonado Matute, de 37, acusados del delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de un menor de edad, según una resolución judicial conocida en las últimas horas en El Salvador.
Ambos imputados deberán permanecer en prisión preventiva mientras avanza la fase de instrucción, etapa clave del proceso penal en la que se recopilan y valoran los elementos probatorios que permitirán determinar su grado de responsabilidad.
Captura en control fronterizo
De acuerdo con el informe judicial, las detenciones se ejecutaron el pasado 4 de febrero en la frontera de El Amatillo, durante una revisión vehicular de rutina realizada por agentes de la Policía Nacional Civil.
Durante el procedimiento, las autoridades detectaron que el adolescente que acompañaba a los sospechosos no portaba el permiso legal requerido para salir de Honduras, documento obligatorio cuando se trata de menores de edad que viajan sin ambos padres o tutores legales.
Este hallazgo activó los protocolos de protección al menor y derivó en la aprehensión inmediata de los adultos, quienes posteriormente fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes.
Juez aprecia indicios suficientes
Tras celebrarse la audiencia inicial, el juez resolvió que existen indicios suficientes para que el proceso penal continúe, imponiendo como medida cautelar la detención provisional, al considerar el riesgo de fuga y la gravedad del delito imputado.
El caso permanecerá ahora en la etapa de instrucción, período durante el cual tanto la Fiscalía como la defensa deberán presentar pruebas, peritajes y argumentos legales antes de que el tribunal determine si procede la apertura a juicio.
El tráfico ilegal de personas, especialmente cuando involucra a menores de edad, es considerado un delito grave en la región por su relación con redes de migración irregular y posibles situaciones de vulneración de derechos humanos.
