• El pedido del general Roosevelt Hernández viola la Ley y reaviva temores sobre la injerencia militar en los procesos democráticos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), general Roosevelt Hernández, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que el día de las elecciones generales del 30 de noviembre se entregue a la institución castrense una copia de las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) correspondientes al nivel presidencial.
La solicitud, hecha durante una reunión con los consejeros Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López, fue presentada bajo el argumento de que las Fuerzas Armadas desean “monitorear” el proceso y “tener su propio conteo” del nivel presidencial, algo que no está contemplado en la Constitución ni en la Ley Electoral.
“Muy respetuosamente le dije al pleno que participáramos nosotros, las Fuerzas Armadas, en la parte de que nos compartieran los resultados de las Juntas Receptoras de Votos, esa acta, solo nos interesa una acta, como reza la Constitución que es la acta presidencial”, declaró Hernández.
Una solicitud fuera de la ley
El planteamiento ha generado preocupación y rechazo, ya que la Ley Electoral de Honduras establece de manera expresa que el único ente facultado para el conteo, transmisión y divulgación de resultados oficiales es el Consejo Nacional Electoral.
Ninguna institución, incluyendo las Fuerzas Armadas, puede poseer, procesar o contabilizar actas electorales fuera de las atribuciones del CNE.
La pretensión de que los militares recopilen copias de actas presidenciales constituye, según expertos en derecho constitucional, una violación directa al principio de independencia electoral y una intromisión indebida en un proceso civil.
El rol constitucional de las Fuerzas Armadas: custodia, no conteo
Durante el encuentro con el CNE, el general Hernández también abordó el tema del transporte del material electoral. Indicó que el CNE les propuso colaborar en tareas de carga y descarga, pero que rechazaron esa solicitud para “no desnaturalizar su función constitucional”.
“Ellos expusieron que nosotros tuviéramos esa tarea de carga y descarga. Nosotros les dijimos que no podíamos realizar esa tarea porque desnaturalizaría nuestra función constitucional, que es monitorear, vigilar y garantizar la transportación del material electoral”, explicó el jefe castrense.
Hernández subrayó que las Fuerzas Armadas se apegarán al cronograma electoral, iniciando el transporte del material el 20 de noviembre y concluyéndolo el 28 del mismo mes.
“Después del 28 no vamos a trasladar material electoral si no está listo. Si por alguna razón no se cumple, ese material se moverá después de las elecciones para evitar los inconvenientes que se dieron el 9 de marzo”, advirtió.
Una advertencia sobre el poder militar en tiempos electorales
La solicitud del jefe militar surge en un momento de fragilidad institucional y desconfianza hacia los entes electorales, agravada por la reciente salida de Smartmatic del proceso de transmisión de resultados.
Sin embargo, el intento de las Fuerzas Armadas por acceder a copias de las actas presidenciales reaviva los temores sobre la injerencia castrense en la voluntad popular, un capítulo que Honduras ha intentado superar desde el retorno a la democracia.
El mandato constitucional es claro: las Fuerzas Armadas deben custodiar el proceso electoral, no intervenir en él.
La independencia de los resultados y la soberanía del voto no pueden compartirse ni duplicarse bajo ningún pretexto operativo o logístico.
