TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En una sesión marcada por la tensión y la controversia, el Congreso Nacional aprobó este martes el acta legislativa del 7 de mayo, pese a un empate técnico en la votación (57-57), utilizando una maniobra parlamentaria que vuelve a encender las alertas sobre la legalidad y transparencia en el actuar del Poder Legislativo.
El presidente del Congreso, Luis Redondo, invocó la ley orgánica para ejercer su voto de desempate, una facultad prevista en caso de igualdad.
Sin embargo, su acción fue más allá: usó su voto como presidente para decidir la votación y al mismo tiempo contar su sufragio inicial, lo que en la práctica significó un voto doble.
Esta interpretación cuestionable generó preocupación entre sectores políticos y jurídicos sobre la legalidad del procedimiento adoptado.
Sin reconsideración, sin debate
Lo más llamativo de la sesión fue la ausencia de un debate sustantivo posterior a la votación.
No se presentaron reconsideraciones, ni se permitió una deliberación profunda sobre las implicaciones del acta, que incluye la ratificación de importantes decisiones como los préstamos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el presupuesto del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Pese a que la oposición no presentó consideraciones formales en el momento, sí dejó en el aire fuertes cuestionamientos sobre la legitimidad del acto, insinuando una estrategia de imposición por parte del oficialismo y su alianza parlamentaria.
Voto doble, ¿precedente peligroso?
El uso del llamado “voto dirimente” del presidente del Congreso no es nuevo, pero la forma en que fue aplicado esta vez ha encendido alarmas, ya que técnicamente se computó su voto dos veces: una como diputado y otra como titular del órgano legislativo.
Analistas constitucionales y legisladores de oposición señalan que esto podría sentar un precedente preocupante para futuros empates en votaciones sensibles.
Esta práctica plantea interrogantes no solo sobre el reglamento interno del Congreso, sino también sobre la calidad democrática de los procesos legislativos que deberían basarse en el consenso y no en interpretaciones arbitrarias de la norma.
Silencio institucional ante posibles irregularidades
De momento, no ha habido pronunciamiento oficial de la Secretaría del Congreso ni de la Corte Suprema de Justicia sobre la validez de esta maniobra.
Tampoco se ha anunciado si algún bloque parlamentario planea impugnar la votación o recurrir a instancias legales.
Sin embargo, la aprobación del acta en estas condiciones genera un nuevo episodio de desgaste institucional, en un país donde la confianza ciudadana en el Congreso ya es frágil, y donde los actos políticos tienden a percibirse más como imposiciones que como consensos.
En resumen
Con esta votación polémica, el Congreso Nacional ratifica decisiones clave sin aclarar los cuestionamientos de fondo.
Mientras tanto, el uso del poder sin rendición de cuentas sigue marcando el tono del debate político, y el silencio institucional frente a las dudas jurídicas solo profundiza la percepción de un Legislativo más inclinado al cálculo político que al respeto de las normas.
