- Afectados piden al presidente Nasry Asfura intervenir ante el fiscal general Johel Zelaya mientras continúan los procesos judiciales contra los implicados en el presunto esquema Ponzi que dejó unos 35 mil aportantes perjudicados.
SAN PEDRO SULA. HONDURAS. –
Decenas de socios de la empresa Koriun salieron a protestar la mañana de este viernes en los municipios de Choloma y San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, para exigir una respuesta de las autoridades que les permita recuperar el dinero que invirtieron en la cuestionada compañía.
Los manifestantes se tomaron varias vías de la zona, impidiendo el paso vehicular y generando congestionamientos en ambos municipios.
Durante la protesta, los afectados advirtieron que continuarán con las movilizaciones hasta obtener una solución concreta.
Los socios señalaron que esperan ser escuchados por las nuevas autoridades gubernamentales y demandaron una reunión urgente para abordar el problema que enfrentan miles de personas que invirtieron en la empresa.
Asimismo, solicitaron al presidente Nasry Asfura que dialogue con el fiscal general, Johel Zelaya, con el objetivo de que se agilicen las acciones que permitan devolver el dinero a los aportantes afectados.
“Queremos recuperar lo que es nuestro. No vamos a descansar hasta que nos devuelvan nuestro dinero”, expresaron algunos manifestantes durante la protesta.
El caso de Koriun ha generado gran impacto en el norte del país debido a la magnitud de los aportantes afectados.
Según las investigaciones, la empresa ofrecía rendimientos del 5 % semanal —equivalente a un 20 % mensual—, una promesa de ganancias considerada altamente riesgosa por expertos financieros.
Además, la compañía operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y utilizaba recursos de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos, un mecanismo insostenible conocido como esquema Ponzi.
Las autoridades estiman que Koriun llegó a operar en al menos siete departamentos del país y habría captado dinero de aproximadamente 35 mil personas.
El Ministerio Público intervino el caso el 23 de abril de 2025, cuando fiscales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), junto a agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutaron aseguramientos en las oficinas de la empresa ubicadas en Choloma y otras ciudades.
Durante los operativos, las autoridades confiscaron bienes, vehículos y cuentas bancarias vinculadas a la empresa.
Además, se encontraron 358.7 millones de lempiras en efectivo y otros 69.2 millones de lempiras en cuentas bancarias.
Por este caso, al menos cuatro personas enfrentan procesos judiciales acusadas por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir.
Mientras avanzan las investigaciones y el proceso en los tribunales, los socios afectados continúan presionando a las autoridades para encontrar una vía que permita la recuperación de los fondos invertidos.
Entretanto, las protestas de este viernes reflejan el creciente descontento de miles de hondureños que aseguran haber perdido sus ahorros en una de las estafas financieras más grandes registradas en el país en los últimos años.
