• Debilidad institucional, falta de confianza y amenazas a la neutralidad estatal marcan un proceso electoral que podría comprometer la legitimidad de los comicios del 30 de noviembre de 2025.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A menos de tres semanas de las elecciones generales, el sistema electoral hondureño afronta un escenario crítico que podría comprometer no solo la legitimidad de los comicios, sino también la confianza ciudadana en los resultados. Así lo advierte la organización internacional Washington Office on Latin America (WOLA) en su más reciente análisis titulado «Integrity and Trust at Risk in Honduras’s 2025 Elections».
Según el informe, los hondureños acudirán a las urnas el próximo 30 de noviembre de 2025 para elegir presidente, diputados y alcaldes en medio de un ambiente marcado por fragilidad institucional, tensiones políticas y señales preocupantes sobre el deterioro de las garantías democráticas.
Pilares del proceso electoral muestran “signos de debilidad”
WOLA sostiene que varios componentes fundamentales del proceso electoral hondureño están debilitados, lo que puede minar el derecho al voto libre y justo. Entre los puntos más sensibles, la organización señala la falta de confianza en el árbitro electoral, episodios recientes de inestabilidad interna en el CNE, así como la ausencia de mecanismos robustos y transparentes para dar garantías a partidos, candidatos y ciudadanía.
La organización advierte que, si no se corrigen estas fallas, será difícil asegurar que los resultados reflejen la voluntad popular de manera creíble.
Acciones urgentes para reducir riesgos
WOLA plantea una serie de medidas mínimas e impostergables para proteger el proceso electoral:
• Fortalecer la independencia y capacidad operativa del CNE, con procesos claros, auditorías accesibles y participación activa de veedores confiables.
• Garantizar absoluta neutralidad de las fuerzas de seguridad, evitando intervenciones que puedan generar temor, intimidación o coacción entre los votantes.
• Impulsar campañas de educación ciudadana que refuercen el valor del voto y promuevan mecanismos eficaces para denunciar irregularidades.
• Fomentar la cooperación y observación internacional, como una herramienta que favorezca la transparencia y reduzca el riesgo de manipulación o desinformación.
Confianza ciudadana en deterioro
El informe subraya que uno de los mayores retos de las elecciones 2025 es la recuperación de la confianza pública. La desinformación, las disputas internas entre instituciones y los recientes cuestionamientos sobre la administración electoral han profundizado la incertidumbre.
Para WOLA, la ciudadanía necesita sentir que su voto será contabilizado correctamente y que las reglas del juego se aplicarán por igual a todos los actores políticos.
Un proceso que requiere blindaje institucional
En su conclusión, WOLA enfatiza que solo comicios “libres, justos y creíbles” podrán conducir a una transición democrática sólida. Esto requerirá —advierte— que los actores políticos e institucionales actúen con responsabilidad y que el mecanismo electoral esté blindado ante presiones, vicios administrativos e interferencias indebidas.
“Sin esos elementos, el camino hacia las urnas será incierto”, subraya la organización.
El informe llega en un momento en que la atención nacional e internacional está centrada en Honduras, un país que enfrenta uno de los procesos electorales más tensos de la última década y que tendrá en noviembre una prueba decisiva para su democracia.
A continuación una traducción libre del análisis de WOLA:
Camino incierto hacia las urnas: Integridad y confianza en riesgo
Honduras celebrará elecciones generales el 30 de noviembre en un contexto de crecientes tensiones políticas y preocupación por la integridad electoral. Los conflictos entre los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el papel controvertido del Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional han aumentado la incertidumbre sobre la credibilidad del proceso electoral.
El papel de la comunidad internacional se ha vuelto cada vez más importante para salvaguardar la voluntad del pueblo hondureño, dado el alto riesgo de resultados electorales impugnados, derivados de la profunda desconfianza pública y la debilidad de las instituciones electorales. Las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) son fundamentales para brindar asistencia técnica e instar a las autoridades hondureñas a garantizar elecciones libres y justas.
La administración Trump había guardado silencio públicamente sobre las próximas elecciones, siguiendo una directiva emitida por el Secretario de Estado Marco Rubio en julio de 2025, en la que se instruía a los funcionarios a “no emitir más declaraciones ni publicaciones en redes sociales relacionadas con las elecciones desde Washington, a menos que existiera un interés claro y apremiante en materia de política exterior”. No obstante, el 12 de noviembre, el Subsecretario de Estado Chris Landau declaró en redes sociales que el gobierno estadounidense estaba siguiendo de cerca la situación e instó a las autoridades hondureñas a respetar el estado de derecho. Este fue un mensaje significativo, ya que incluso las visitas de alto nivel de funcionarios de la administración a Honduras se habían centrado anteriormente principalmente en la migración y la cooperación en materia de defensa , en lugar de la gobernanza democrática o la integridad electoral.
Todos los principales partidos políticos —Libre, Nacional y Liberal— han enfrentado acusaciones de corrupción, y el resultado sigue siendo incierto en medio de una profunda desilusión con la clase política. Las siguientes preguntas y respuestas ofrecen una visión general de la situación preelectoral en Honduras.
1.- El Consejo Nacional Electoral se ha enfrentado a múltiples desafíos desde las elecciones primarias de marzo de 2025. ¿Cuáles son los principales desafíos políticos e internos a los que se ha enfrentado para garantizar unas elecciones pacíficas?
La fragmentación del Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha convertido en un obstáculo importante. La distribución de cargos en el CNE entre los tres principales partidos, que cuentan con un escaño cada uno, implica que el organismo carece de plena independencia institucional, y las elecciones primarias se vieron afectadas por fallos logísticos y acusaciones de manipulación. La división interna del Consejo según las líneas partidistas ha retrasado decisiones administrativas y técnicas clave. El plazo para la adjudicación del contrato del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) venció en medio del desorden interno del Consejo. Si bien posteriormente se votó a favor de aprobar los términos del contrato, la decisión generó un escepticismo generalizado.
Asimismo, algunas organizaciones han puesto de manifiesto que la capacidad interna y las medidas de seguridad operativas para garantizar la transparencia y la seguridad siguen siendo deficientes. Por ejemplo, la fiabilidad de los dispositivos biométricos, los sistemas de comunicación y el transporte seguro parece haberse visto comprometida.
Si bien las Fuerzas Armadas son constitucionalmente responsables del transporte del material electoral, persisten dudas sobre su neutralidad en el cumplimiento de esta obligación. Durante las elecciones primarias, las Fuerzas Armadas no entregaron el material electoral en algunos centros de votación, lo que profundizó aún más la desconfianza pública en el proceso. Hasta la fecha, la Fiscalía General no ha investigado ni responsabilizado a nadie por esta falla. Además, el candidato presidencial del partido gobernante, Rixi Moncada, quien anteriormente se desempeñó como Secretaria de Defensa, ha expresado nuevas inquietudes sobre la independencia e imparcialidad de las Fuerzas Armadas.
La empresa que asistirá a las Fuerzas Armadas en el transporte del material electoral aún no ha sido seleccionada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que aumenta la incertidumbre en torno a esta etapa crucial del proceso electoral.
2.- La presidencia se decidirá en una sola vuelta, posiblemente por un margen estrecho; cualquier irregularidad percibida podría desencadenar acusaciones de fraude y disturbios postelectorales. ¿Existe una posibilidad real de disputas e inestabilidad después del día de las elecciones?
La tensión aumenta a medida que los principales candidatos se acusan mutuamente de fraude electoral. Existe una alta probabilidad de disputas e inestabilidad tras la jornada electoral.
La profunda polarización, la desconfianza mutua entre los actores políticos y la debilidad de las garantías institucionales podrían dificultar que los candidatos perdedores y sus seguidores acepten los resultados, lo que podría desencadenar protestas o una mayor agitación política.
La presidenta Xiomara Castro, representante del partido izquierdista Libre, afirmó que la oposición está conspirando para dar un golpe electoral . Su declaración se produjo tras la difusión de grabaciones de audio por parte del fiscal general Johel Zelaya, aliado del gobierno, en las que la concejal Cossette López, el diputado opositor Tomás Zambrano y un oficial militar supuestamente discutieron la manipulación del conteo de votos para perjudicar al partido gobernante.
Por su parte, Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, exhortó a la ciudadanía a defender su voto y rechazar el fraude, acusando al candidato de Libre, Rixi Moncada, de utilizar el Ministerio Público (MP) para intimidar a la oposición. El candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, también denunció el presunto fraude, advirtiendo que la democracia está en peligro. Asimismo, la representante del Partido Nacional en el CNE, Cossette López, acusó a Libre de planear un fraude a gran escala.
Tras las elecciones de 2017, Honduras vivió una ola de disturbios y violencia en medio de acusaciones de fraude electoral. Los resultados impugnados provocaron protestas masivas, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, y una dura represión gubernamental que dejó decenas de muertos y cientos de heridos. La crisis profundizó la desconfianza pública en las instituciones electorales del país y sentó las bases para una polarización política que continúa influyendo en la tensa atmósfera que rodea el actual proceso electoral.
3.- En julio de 2025, la Misión de Observación Electoral de la OEA subrayó que las autoridades “deben contar con la seguridad necesaria para desempeñar sus funciones y expresar sus opiniones libres de intimidación e injerencia judicial excesiva”. ¿Qué motivó esta declaración?
Han surgido acusaciones de que el actual Fiscal General carece de independencia, al haber sido elegido inicialmente por una comisión ad hoc dominada por Libre, el partido gobernante. Se han utilizado órganos judiciales y de la fiscalía para presionar u obstruir al CNE y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), incluyendo la presentación de denuncias con motivaciones políticas contra las autoridades electorales.
Marlon Ochoa, comisionado del Partido Libre en el CNE, presentó denuncias contra las otras dos concejalas, Ana Paola Hall y Cossette López, acusándolas de traición, delitos electorales y abuso de autoridad en relación con su gestión del calendario electoral. En julio de 2025, el Fiscal General denunció públicamente lo que describió como una conspiración contra las elecciones y posteriormente ordenó un allanamiento en el CNE, lo que aumentó las tensiones y generó dudas sobre la independencia y la estabilidad de las autoridades electorales del país.
El 4 de noviembre de 2025, el Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte de Justicia (CSJ) el levantamiento de la inmunidad antejuicio de dos magistrados del TJE: Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, por prevaricato judicial . El Ministerio Público alega que el 27 de octubre de 2025, ambos magistrados emitieron una resolución definitiva ordenando al CNE inscribir a dos candidatos al Congreso sin la participación del tercer miembro del tribunal y sin el quórum debidamente constituido. Si bien la CSJ declaró inadmisible la moción previa al juicio contra los magistrados del TJE, estas acciones siguen generando temor.
El CNE es la institución responsable de garantizar las elecciones, mientras que el sistema judicial se limita a eliminar obstáculos al proceso electoral y asegurar su correcto funcionamiento. Sin embargo, en Honduras, la intervención judicial ha incrementado la incertidumbre y debilitado la percepción de imparcialidad y la confianza en las instituciones electorales.
4.- El CNE ha publicado un censo de 6.522.577 votantes habilitados para las elecciones de 2025, incluyendo 496.307 que están registrados en el extranjero. ¿Se les garantizan las condiciones básicas a estos votantes?
El CNE ha aprobado 12 centros de votación en Estados Unidos y 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV) ubicadas en Miami, Florida; Nueva York; Houston, Texas; Nueva Orleans, Luisiana; Washington D. C.; Los Ángeles, California; y Dallas, Texas. Sin embargo, analistas han señalado que la falta de una regulación específica “amenaza la transparencia y la efectividad de la participación de los hondureños en el extranjero”. No existe una normativa para el voto en el extranjero que regule el funcionamiento exacto de la votación: cómo se seleccionan los centros, cómo se custodian las papeletas, cómo se transmiten los resultados, lo que genera ambigüedad legal y operativa. Además, amplios sectores de la diáspora han sido excluidos, lo que plantea problemas de equidad. Por ejemplo, los ciudadanos hondureños residentes en España (250,000) han quedado excluidos porque no se ha establecido ninguna JRV allí.
Dado el complejo contexto político y social de Honduras, ¿cómo pueden Estados Unidos y la comunidad internacional apoyar eficazmente al pueblo hondureño?
Un proyecto de ley bipartidista presentado en la Cámara de Representantes de EEUU en junio de 2025 envió un mensaje importante a los legisladores estadounidenses, subrayando la necesidad de una participación proactiva para ayudar a garantizar elecciones libres, transparentes y creíbles. Dado que los resultados electorales pueden ser impugnados, es igualmente vital apoyar una transferencia pacífica del poder, un proceso que requiere no solo acción inmediata, sino también esfuerzos sostenidos a corto y mediano plazo.
Las elecciones hondureñas de 2021 demostraron la importancia crucial de una sólida observación electoral. Las misiones internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, junto con grupos nacionales de observadores de la sociedad civil, desempeñaron un papel fundamental en el monitoreo del proceso electoral y la verificación independiente de los resultados. Su presencia contribuyó a garantizar la transparencia, disuadió posibles irregularidades y otorgó credibilidad al resultado. Cuando Xiomara Castro ganó la presidencia, estos esfuerzos de observación contribuyeron a la amplia aceptación de los resultados y facilitaron la primera transferencia pacífica del poder entre partidos opuestos en Honduras en más de una década.
WOLA recomienda las siguientes medidas clave para los miembros de la comunidad internacional:
Monitoreo activo: Mantener una estrecha coordinación con las misiones de observación internacionales (OEA, UE) y con los grupos de observación nacionales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
Apoyo a la sociedad civil y al periodismo independiente: Brindar apoyo y asistencia a periodistas, defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que han sufrido ataques e intimidaciones, reforzando su capacidad para operar de manera libre y segura, especialmente durante el proceso de transición.
Apoyo técnico e institucional: Fortalecer los programas que apoyan al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en áreas como la transparencia, la tecnología y la gestión electoral.
Asistencia condicionada: Vincular la futura cooperación bilateral a progresos mensurables en materia de independencia judicial, esfuerzos anticorrupción e integridad electoral.
Mensajes públicos: Emitir declaraciones que fomenten un proceso electoral pacífico, inclusivo y creíble, reforzando el compromiso internacional con los principios democráticos.
En este momento crítico, un compromiso internacional sostenido, centrado en la democracia, la transparencia y el respeto de los derechos humanos, será esencial para apoyar el derecho del pueblo hondureño a elegir a sus líderes libre y pacíficamente.
A medida que Honduras se acerca a la transición hacia una nueva administración, el compromiso y la atención constantes de la comunidad internacional serán cruciales. En este momento crítico, la participación internacional sostenida —centrada en fortalecer la democracia, garantizar la transparencia y defender los derechos humanos— será esencial para apoyar el derecho del pueblo hondureño a elegir libre y pacíficamente a sus líderes. El diálogo permanente con la sociedad civil y las instituciones clave también contribuirá a reforzar la rendición de cuentas y acompañará al nuevo gobierno ante los importantes desafíos de gobernanza que enfrenta.
