- La presidenta utiliza giras y medios estatales para promover a la candidata de Libre, pese a denuncias por uso indebido de recursos públicos y críticas por desviar la función institucional hacia fines proselitistas.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La presidenta de la República, Xiomara Castro, ha intensificado en los últimos meses una abierta campaña política a favor de la presidenciable de su partido, Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, lo que ha generado fuertes cuestionamientos por el presunto uso de recursos y plataformas estatales con fines proselitistas.
En cada visita al interior del país, la mandataria repite el mismo mensaje: el proyecto de “refundación” debe continuar y la única opción, asegura, es hacerlo de la mano de Moncada.
Sin embargo, más allá de la retórica, la controversia surge porque estas giras presidenciales son transmitidas por medios oficiales como Canal 8, que terminan convirtiéndose en altavoces de campaña.
Un ejemplo reciente se registró la semana pasada en Trojes, El Paraíso, durante la entrega del bono cafetalero y ganadero.
En pleno evento oficial, un ciudadano interpretó una canción dedicada a la campaña de Moncada, frente a la mandataria y su hijo, el secretario privado, Héctor Manuel Zelaya.
Lo que debía ser una actividad institucional se transformó en un acto político.
La presidenta también aprovecha sus discursos para atacar directamente a la oposición, presentando las próximas elecciones como un plebiscito sobre su gestión.
“Hay cuatro candidatos que son los mismos, y votar por ellos es retroceder y volver a los 12 años y siete meses de persecución y de olvido”, declaró en una de sus intervenciones recientes.
Las denuncias por estas prácticas ya han llegado al Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se cuestiona el uso indebido de los medios públicos para favorecer la candidatura oficialista.
No obstante, las transmisiones de los eventos de Rixi Moncada por los canales estatales continúan, evidenciando la difusa frontera entre gobierno y partido político.
Mientras tanto, sectores críticos señalan que el uso de la figura presidencial y de recursos públicos para fines electorales no solo erosiona la institucionalidad, sino que también coloca en desventaja al resto de candidatos, marcando un escenario electoral cargado de favoritismo oficialista.
