• Un acuerdo ejecutivo de 78 páginas oficializa cancelaciones y nuevas designaciones que entrarían en vigor el mismo día del cambio de gobierno, desatando críticas por posible extralimitación del mandato
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A pocas horas de concluir su mandato, la presidenta saliente Xiomara Castro oficializó una serie de movimientos laborales de alto nivel dentro de la administración pública, una decisión que ha despertado fuertes cuestionamientos por ejecutarse en la recta final de su gestión y justo antes del traspaso de poder.
Mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 7-2026, publicado en La Gaceta número 37,052, con fecha sábado 24 de enero, quedó formalizado un documento de 78 páginas que consigna cancelaciones, nuevos nombramientos y reubicaciones de funcionarios del gobierno saliente, en lo que diversos sectores califican como un cierre administrativo cargado de decisiones estratégicas y políticamente sensibles.
Uno de los aspectos que más suspicacias ha generado es que el acuerdo establece que los funcionarios designados asumirán sus nuevos cargos a partir del martes 27 de enero, fecha en la que concluye el período constitucional de Castro y se inicia una nueva administración.
Para analistas y sectores críticos, esta disposición roza una extralimitación del mandato, al comprometer la estructura administrativa del gobierno entrante.
Reubicaciones que garantizan continuidad
Aunque el documento oficializa la salida de algunos servidores públicos, también deja en evidencia la reubicación de varios altos funcionarios en nuevas dependencias del Estado, una práctica que ha sido interpretada como un mecanismo para asegurarles continuidad laboral, permanencia dentro del aparato estatal y el acceso a salarios elevados, aun después del cambio de gobierno.
Entre los nombramientos más controvertidos figura el de Enrique Reina, designado como director del Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE), una institución clave para la estabilidad del sistema financiero nacional.
Reina se desempeñó como canciller de la República durante la administración de Castro y, además, fue candidato a designado presidencial en la fórmula encabezada por Rixi Moncada, lo que ha llevado a sectores de oposición a señalar este nombramiento como uno de los movimientos más polémicos del cierre de gobierno, al mezclar trayectoria política reciente con un cargo técnico de alta sensibilidad.
El Banco Central bajo la lupa
Otro nombramiento que ha generado cuestionamientos es el de Sarahí Cerna como directora del Banco Central de Honduras (BCH), una de las instituciones más estratégicas para la conducción de la política monetaria y la estabilidad macroeconómica del país.
Cerna ocupó cargos de alto perfil durante el actual gobierno, entre ellos el de ministra de la Presidencia, y su traslado al ente emisor ha sido interpretado por críticos como una reubicación que le permite mantenerse en una posición clave, pese al cambio de administración.
Un cierre que compromete al gobierno entrante
El contenido del acuerdo ejecutivo refuerza la percepción de que, mientras algunos funcionarios dejan definitivamente sus cargos, otros cuadros de confianza del gobierno saliente son protegidos mediante traslados internos, evitando así quedar fuera de la estructura estatal y de los beneficios asociados a estos puestos.
Estos movimientos de última hora se producen en medio de la expectativa por el inicio del nuevo gobierno de Nasry Asfura, y han provocado reacciones encontradas entre sectores políticos, jurídicos y ciudadanos que cuestionan la legitimidad y la ética de adoptar decisiones de este calibre a pocas horas de dejar el poder.
Para muchos analistas, el acuerdo no solo marca un cierre controvertido del mandato de Xiomara Castro, sino que también deja planteado un desafío inmediato para la nueva administración, que deberá decidir si respeta, revisa o revierte estas determinaciones heredadas en los últimos compases del gobierno saliente.
