- La presidenta promete acompañamiento y asesoría legal, mientras 60 mil migrantes encaran la pérdida de su estatus de protección
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, reaccionó este jueves a la decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco, que confirmó la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 60,000 migrantes, entre ellos miles de hondureños que residen desde hace años en Estados Unidos.
“Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso con las familias hondureñas amparadas por el TPS. Esta decisión judicial no borra sus aportes ni debilita nuestra convicción: seguiremos acompañando su lucha por estabilidad, dignidad y justicia”, escribió la mandataria en su cuenta oficial de X.
Un anuncio que no resuelve el problema de fondo
Castro aseguró que los consulados hondureños en EE.UU. ofrecerán orientación legal inicial gratuita, citas expeditas y una “atención respetuosa” a los beneficiarios del TPS, en un intento por mitigar el golpe que representa la decisión judicial.
Sin embargo, el fallo —que entra en vigor el próximo 8 de septiembre— deja a miles de hondureños expuestos a la deportación, sin que hasta el momento el gobierno de Honduras presente un plan concreto para garantizar una alternativa migratoria viable.
La promesa de asesoría legal resulta limitada frente a un proceso judicial que, en la práctica, cierra las puertas a la extensión del beneficio.
Impacto en familias y comunidades
La cancelación del TPS no solo significa un riesgo de expulsión para quienes han residido en EE UU. durante décadas, sino también una amenaza directa a la estabilidad económica de sus familias en Honduras, que dependen de las remesas enviadas desde el exterior.
Organizaciones de migrantes han advertido que la medida desmantelará redes laborales, educativas y comunitarias, afectando a una población que ha contribuido durante años a la economía estadounidense y que se encuentra, de nuevo, en un limbo legal.
Un compromiso puesto a prueba
Aunque la presidenta Castro reafirma su respaldo a los hondureños en el extranjero, el desafío real trasciende los pronunciamientos.
En la práctica, el gobierno hondureño carece de capacidad de incidencia directa en las decisiones de tribunales estadounidenses y enfrenta el reto de articular acciones diplomáticas y de presión política que vayan más allá de la asesoría consular.
Con el reloj en contra y el fin del TPS cada vez más cerca, la pregunta clave es si las palabras de solidaridad se traducirán en gestiones concretas que ofrezcan a los migrantes algo más que acompañamiento simbólico, ante la que quizás sea la mayor amenaza legal que han enfrentado en dos décadas.
