• La medida, aprobada en su mayoría por diputados de Libre y dos parlamentarios ajenos al oficialismo en una sesión sin quórum, desconoce la declaratoria del CNE que dio como ganador a Nasry Asfura e incluye una petición para criminalizar a las consejeras electorales, desatando una nueva crisis institucional.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
La presidenta Xiomara Castro sancionó y ordenó la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, la medianoche de este viernes 9 de enero de 2026, del decreto legislativo que impone el recuento “voto por voto” de las 19,167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) del proceso electoral general, en una decisión que desconoce formalmente la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó ganador a Nasry Asfura, del Partido Nacional.
La oficialización del decreto ocurre menos de 24 horas después de que un grupo reducido de diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) lo aprobara en una sesión celebrada sin quórum, hecho que ha sido denunciado por la oposición y cuestionado por organismos internacionales por violar las reglas del derecho parlamentario.
Con su publicación en La Gaceta, el decreto adquiere fuerza legal obligatoria, pese a que dos misiones internacionales de observación electoral —la de la OEA y la de la Unión Europea— certificaron que los resultados proclamados por el CNE reflejan la voluntad popular expresada en las urnas.
Desconocimiento de los resultados oficiales
El decreto anula de facto la declaratoria oficial del CNE, que no solo había confirmado la victoria presidencial de Nasry Asfura, sino también la elección de diputados al Congreso Nacional y autoridades municipales de los cinco partidos que participaron en las elecciones generales.
Al ordenar un nuevo conteo total, la mayoría de Libre en el Congreso, encabezada por Luis Redondo, desconoce integralmente los resultados ya validados y reabre un proceso electoral que, legalmente, se encontraba cerrado.
La Fiscalía entra en escena
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es que incluye una solicitud directa al Ministerio Público para que inicie acciones penales contra las consejeras del CNE, acusándolas de supuestas irregularidades en el proceso.
Esta disposición ha sido interpretada por juristas y actores políticos como una criminalización del árbitro electoral, en abierta confrontación con la independencia constitucional del órgano encargado de organizar y declarar los comicios.
Una votación sin pluralidad
La sesión legislativa que dio origen al decreto fue calificada como “kilométrica” por su duración y por haberse extendido hasta altas horas de la noche, pero estuvo integrada casi exclusivamente por diputados propietarios y suplentes de Libre.
Solo dos legisladores ajenos al oficialismo participaron en la votación:
la diputada suplente liberal Mireya Guillén y el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Osman Chávez, lo que evidenció la ausencia de consenso y de pluralidad parlamentaria en una decisión de enorme trascendencia nacional.
Impacto internacional y crisis institucional
La sanción presidencial coloca a Xiomara Castro en el centro de una creciente controversia nacional e internacional sobre el respeto al orden constitucional y a la transición democrática del poder en Honduras.
Organismos hemisféricos, entre ellos la OEA, han advertido que la maniobra legislativa que dio origen al decreto busca obstaculizar la transición constitucional, al desconocer los resultados electorales ya certificados por observadores independientes.
En un hecho que subraya el contraste político del momento, el decreto fue publicado en la misma edición de La Gaceta que incluye nombramientos administrativos rutinarios del sistema sanitario, derivados del Concurso Médico Cerrado Administrativo 2025, una normalidad burocrática que contrasta con el terremoto político que provoca el recuento voto por voto.
Con esta decisión, Honduras entra en una fase de alta tensión política, jurídica e institucional, en la que el futuro de la elección presidencial y la estabilidad democrática del país quedan nuevamente en disputa.
