• A partir de hoy, y como manda la ley, las Fuerzas Armadas pasan a disposición del CNE
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La presidenta Xiomara Castro recordó este 30 de octubre que, según el artículo 272 de la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas (FFAA) deben garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, el transporte y la vigilancia del material electoral, funciones que se activan de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.
A través de sus redes sociales, Castro ha dado por hecho que los audios filtrados son fidedignos sin mayor información a la población de cómo se obtuvieron y si fueron corroborados por técnicos especialistas cibernéticos, sumándose así a la campaña de boicot que ha establecido el oficialismo.
“Las Fuerzas Armadas han sido informadas que el Ministerio Público ha revelado audios que evidencian una conspiración criminal en marcha para manipular el transporte electoral, interferir en la transmisión de resultados y alterar la voluntad popular”, escribió Castro.
Si bien la Constitución establece las competencias claras de las FFAA, la presidenta añadió referencias a la transmisión de las actas de resultados, tarea que no está contemplada en la Constitución ni en la Ley Electoral y que es de exclusiva responsabilidad del Consejo Nacional Electoral.
“Que lo sepan todos: ningún acto dirigido a sabotear la transparencia electoral, violar la soberanía del pueblo o alterar la paz democrática será tolerado”, advirtió la mandataria.
Críticos y analistas señalan que esta interpretación podría instrumentalizar a las FFAA más allá de sus competencias legales, generando presión política hacia la oposición y afectando la percepción de imparcialidad del proceso electoral.
Reacciones y riesgos
El anuncio ocurre en medio de un clima de alta polarización política, con cuestionamientos sobre la independencia del CNE y del Ministerio Público.
Varios opositores y expertos en seguridad electoral advierten que involucrar a las FFAA en el contexto de audios filtrados y acusaciones cruzadas podría aumentar la desconfianza ciudadana y afectar la legitimidad percibida del proceso electoral.
“El uso de los audios y la mención de funciones que exceden las competencias constitucionales de las FFAA puede interpretarse como una estrategia de presión política, más que una medida puramente administrativa”, comentó un analista político que pidió mantener el anonimato.
El cumplimiento de las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas, en colaboración con el CNE, marca una etapa decisiva en la preparación de los comicios, en los que más de seis millones de hondureños están llamados a las urnas para elegir presidente, diputados y autoridades municipales.
Aunque la presidenta insiste en que las medidas buscan proteger la integridad del voto, la combinación de audios filtrados y la ampliación de las atribuciones mencionadas pone en evidencia la tensión existente entre legalidad, seguridad electoral y presión política.
