«¿Y la seguridad del pueblo?»: Nilia Ramos cuestiona protección exclusiva a políticos

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  • La exfiscal advierte que mientras funcionarios cuentan con resguardo policial, las comunidades de Yoro siguen expuestas a la violencia tras la masacre que dejó 12 muertos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. –

Mientras las autoridades refuerzan la seguridad de políticos y altos funcionarios ante las amenazas atribuidas al denominado «Cártel del Diablo», la población hondureña continúa enfrentando la violencia y la desprotección.

Así lo cuestionó la exfiscal del Ministerio Público, Nilia Ramos, al referirse a la masacre que cobró la vida de 12 personas en el departamento de Yoro.

Ramos consideró razonable que figuras públicas como el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, cuenten con medidas de protección ante las supuestas amenazas de muerte; sin embargo, reprochó que la seguridad no tenga la misma prioridad cuando se trata de los ciudadanos, especialmente de quienes viven en comunidades rurales golpeadas por la criminalidad.

«Seguridad va a tener Tomás Zambrano, el ministro de Seguridad, los directores o los parlamentarios todos, pero nosotros, el pueblo hondureño, pregúntese ustedes si tenemos seguridad, no tenemos seguridad», expresó.

La abogada insistió en que los recursos policiales y las estrategias de seguridad deben enfocarse en proteger a la ciudadanía, garantizando presencia de las autoridades en las zonas donde las familias viven bajo amenazas y temor, en lugar de concentrar la protección en quienes ocupan cargos públicos.

Pero sus cuestionamientos también alcanzaron la respuesta institucional frente a la actividad del llamado «Cártel del Diablo». Ramos criticó la falta de resultados concretos en la identificación y captura de los integrantes de esta estructura criminal, pese a la gravedad de los hechos violentos registrados en Yoro.

Asimismo, calificó como un espectáculo político las declaraciones de algunos parlamentarios, al considerar que sus pronunciamientos comprometieron la actuación del Estado frente a la crisis de seguridad en ese departamento.

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