- El jefe de la bancada nacionalista afirma que con 86 votos se puede someter a proceso a magistrados, fiscales y consejeros electorales, pero pide primero instalar el nuevo Congreso
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que el Congreso Nacional tiene la facultad constitucional de someter a juicio político a los altos funcionarios que hayan abusado de sus funciones, siempre que se alcance la mayoría calificada de 86 votos.
Zambrano recordó que esta figura se aplica a todos los funcionarios públicos que son electos por el Congreso Nacional, y no se limita a una sola institución.
“Todos los funcionarios públicos que elige el Congreso Nacional pueden ser sometidos a juicio político”, expresó, al precisar que el mecanismo incluye a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y otros órganos del Estado.
Primero instalar el Congreso
No obstante, el líder parlamentario subrayó que, antes de cualquier decisión de fondo, la prioridad es conformar e instalar el nuevo Congreso Nacional, que será el órgano competente para valorar si existen o no méritos suficientes para iniciar procesos de esta naturaleza.
“La prioridad en este momento es darle respuesta a Honduras, llevar a cabo los consensos para la elección del Congreso y hacer el Congreso instalado”, señaló, al indicar que será ese pleno el que defina posteriormente si procede un juicio político contra funcionarios.
Defensa del Estado de Derecho
Zambrano también se refirió a la reciente admisión de recursos de amparo a favor de las consejeras electorales, una decisión adoptada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ha generado amplio debate en el país.
A su criterio, la medida buscó garantizar el Estado de Derecho y proteger los derechos de las funcionarias.
“Aquí lo que prevalece es la justicia, la ley y lo que corresponde en base a derechos”, expresó.
Añadió que las consejeras “han sido sometidas a un ataque institucional”, por lo que el amparo permitió brindarles tranquilidad jurídica mientras se desarrollan los procesos correspondientes.
Las declaraciones de Zambrano se producen en un contexto de alta tensión política e institucional, cuando el país se encamina a la instalación de un nuevo Congreso y se intensifican las disputas sobre la legalidad del proceso electoral y el control de las principales instituciones del Estado.
