• Presidente del Legislativo advierte que no someterá la iniciativa al pleno sin mayoría calificada y anuncia revisión para derogar decretos como el denominado “pacto de impunidad”
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El juicio político no llegará al pleno del Congreso Nacional de Honduras mientras no exista “certeza matemática y política” de que cuenta con los 86 votos que exige la Constitución.
Así lo dejó claro este viernes el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, quien reconoció que el tema ha cobrado fuerza en los pasillos parlamentarios y entre distintas bancadas, pero subrayó que su eventual discusión formal dependerá estrictamente de que se garantice la mayoría calificada.
“Aún oficialmente con los requisitos no ha llegado la presentación de juicio político. Ya está sonando fuerte el tema, ya no solo es en los pasillos del Congreso y hay posturas de varios diputados. Pero se ocupan 86 votos. Yo no voy a someter a votación algo si no está la certeza que existen 86 votos”, remarcó Zambrano.
Un proceso sin margen para errores
El titular del Congreso explicó que la cautela no es política, sino constitucional.
De acuerdo con la normativa vigente, si el pleno rechaza la admisión del juicio político, la figura no podría volver a discutirse durante la misma legislatura, cerrando la puerta a cualquier nueva iniciativa hasta el próximo período.
“Esto no es tema de apasionamiento, no es tema de emotividad ni de revanchismo; es hacer las cosas pegadas a la ley, a los procedimientos y a la misma Constitución y la ley de juicio político”, subrayó.
La figura del juicio político fue aprobada en 2013, pero hasta la fecha nunca ha sido aplicada en Honduras.
Su activación requiere primero la admisión con 86 votos, lo que implicaría la suspensión inmediata del funcionario señalado.
Posteriormente, se nombra una comisión especial que investiga el caso y presenta un informe al pleno, el cual debe votarse nuevamente con mayoría calificada para determinar si procede la destitución definitiva o si el expediente se remite al Ministerio Público.
“Cuando se admite lo suspende del cargo, después se nombra la comisión especial y el informe determina si hay causal para destituirlo definitivamente”, detalló Zambrano.
Funcionarios en la mira
El debate ha resurgido tras señalamientos sobre actuaciones de altos funcionarios durante el pasado proceso electoral, lo que ha elevado la tensión entre fuerzas políticas.
Entre los nombres que han sido mencionados como posibles sujetos de juicio político figuran el fiscal general Johel Zelaya; el consejero del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Marlon Ochoa; y Mario Morazán, integrante del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
No obstante, no se descarta que la nómina pueda ampliarse conforme avancen las evaluaciones políticas y jurídicas en el hemiciclo.
A criterio de los proponentes, los funcionarios señalados habrían incurrido en actuaciones con motivaciones políticas o ideológicas que impactaron el proceso electoral anterior, un extremo que deberá ser sustentado jurídicamente si la iniciativa prospera.
En paralelo: derogación de decretos
Zambrano también adelantó que, de forma paralela, se trabaja en la derogación de varios decretos aprobados en la legislatura anterior, entre ellos el denominado “pacto de impunidad”, así como otras normativas que —según afirmó— no reunieron las condiciones legales para su aprobación.
“Yo diría que nos puede llevar un par de días más, pero la voluntad está en el Congreso derogar el pacto de impunidad en los próximos días y estamos revisando también otros decretos que hay que derogar, porque la mayoría de ellos no reunió las condiciones legales de aprobación de un decreto”, expresó.
Entre los decretos bajo revisión mencionó uno aprobado por la comisión permanente que, a su juicio, buscaba “casi anular la elección”, además de actuaciones relacionadas con la Cooperación Andina de Fomento (CAF), que requerirían una revisión jurídica para regularizar su trámite.
Con el tablero político tensionado y las bancadas midiendo fuerzas, el juicio político se perfila como una de las decisiones más delicadas de la actual legislatura.
Por ahora, el mensaje desde la presidencia del Congreso es claro: sin 86 votos seguros, no habrá votación.
