Monday, Oct 14, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Departamento de Justicia de EE.UU. a través de la fiscalía federal de Nueva York solicitará al juez Kevin Castel que el exparlamentario nacionalista Juan Antonio Tony Hernández no interrogue al agente especial de la DEA Sandalio González luego que este lo cuestionara tras su arresto en noviembre de 2018.

Un documento que obtuvo en exclusiva Radio Globo y ConfidencialHN precisa que el fiscal Geoffrey Berman pidió que se bloquee cualquier pedido de la defensa para que el hermano de Juan Orlando Hernández entable preguntas durante el juicio que arrancará el próximo miércoles, a fin de garantizar la efectividad del proceso que se achaca.

«El Gobierno solicita que la Corte impida al acusado interrogar a los testigos sobre cuestiones de hecho relacionadas con la aplicación de la Regla 4.2 del nuevo reglamento de la conducta profesional ya que cualquier testimonio sería irrelevante y confuso para el jurado», indica el escrito presentado ante el tribunal federal de Nueva York.

Y es que la fiscalía busca dar un paso adelante en el sentido que Castel permita a Tony interrogar a testigos y agentes que participaron en la delación y arresto, respectivamente, pues reafirma que ya no tiene sentido porque hizo una confesión en la que se declaró no culpable (y la efectuada en octubre de 2016) y cualquier pregunta estaría orientada a bloquear las deliberaciones que se efectuarán durante el juicio.

Otro motivo del Departamento de Justicia es que tiene previsto entregar declaraciones efectuadas por el acusado y que serán de utilidad para emitir una sentencia condenatoria, por lo que solicitó al tribunal que entregue los instructivos para aclarar cualquier duda que se pudiera generar en el contexto del proceso judicial.

«El uso de esta evidencia por parte del gobierno es completamente legal. Debe (señor juez)  por lo tanto, independientemente de sus opiniones personales, tenga en cuenta esta evidencia junto con todas las evidencias del caso para determinar si el Gobierno ha demostrado que el acusado tiene culpa más allá de una duda razonable…Usted ha escuchado evidencia que los agentes de la ley recuperaron cierta evidencia y fue admitida adecuadamente en este caso y usted puede considerarlo adecuadamente adecuadamente correcto. Si lo aprueba o desaprueba sobre cómo se obtuvo la evidencia, no debe ingresar en sus deliberaciones», señala la petición girada por Berman.

En la solicitud se plantea que el acusado sea excluido del proceso de interrogatorio a los testigos ya que podría obtener cierta ventaja respecto a fiscalía, pues en su momento pidió que su testimonio fuera  suprimido porque la DEA violó la norma respecto a la compañía de un abogado. «No se debe permitir al acusado interrogar al agente especial Sandalio González, quien realizó la entrevista posterior al arresto…En consecuencia, el acusado debe ser excluido de cuestionar a cualquier testigo», argumentó la fiscalía.

Sandalio, en efecto, es el centro de toda la investigación porque proporcionó toda la información sobre cómo operó la estructura criminal de Tony y sus conexiones con el denominado cártel venezolano los Soles, compuesto por militares y alto rango y que alcanza a la familia presidencial de ese país.

Este funcionario de la DEA fue el responsable de la operación en la que cayeron Franqui Francisco Flores de Freitas y a Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores ya que ambos utilizaron Honduras como un puente para movilizar toneladas de drogas rumbo a la nación del norte, por lo que recibieron una condena de 18 años de cárcel. Entre los colaboradores de los denominados narcosobrinos se encuentra el hondureño Roberto de Jesús Soto García, quien también se declaró culpable de delitos de delincuencia organizada.

¿Cuál es la conexión entre Soto García y Tony Hernández? Radio Globo ConfidencialHN revelaron en octubre de 2016 que un agente, identificado por el apellido Matthews, confesó al capitan en retiro Santos Rodríguez Orellana que estaba investigando a Wilter Blanco (condenado a 20 años de prisión) a Hernández y Soto García, quienes tendrían una sociedad para movilizar estupefacientes hacia EE.UU. y conspirar para atentar contra el exembajador James Nealon.

En tanto, el jefe del régimen nacionalista Juan Orlando Hernández, al tener conocimiento de estos hechos a través de los aparatos de inteligencia, decidió dar un giro radical en las relaciones con Caracas al comenzar a cuestionar a Nicolás Maduro  -a quien calificó de «camarada» durante un mitin político en Managua, ocurrido en 2014 y que en la última asamblea general de la ONU pidió una transición democrática para sacar al gobernante quien vive un asedio internacional liderado por EE.UU.- como una cortina de humo para disipar cualquier sospecha contra su hermano y sus relaciones con el cártel dirigido por militares suramericanos, tanto para quedar bien con Washington, como para mandar un salvavidas al controvertido pariente.

El testimonio que dé Sandalio ante el tribunal federal neoyorquino será de un descomunal peso en el sentido que revelará cómo opera la megaconspiración para introducir drogas al país del norte, quiénes son sus cabecillas, el modus operandi, en qué países se establecieron bases para el procesamiento y distribución de la cocaína y los enlaces políticos, así como los cuadros de las fuerzas de seguridad y defensa que permitieron las operaciones al margen de la ley.

Tony procurará hasta el último instante acceder a interrogar a Sandalio para desviar la atención y generar dudas razonables que, de todos modos, serán desestimados. Aplicará a través de sus abogados Michael Teinn y Omar Malone técnicas a las que recurrieron los narcosobrinos como pedir la supresión de la evidencia y sus declaraciones a los agentes de la DEA, incluyendo a Sandalio, para salir bien librado del juicio que podría tenerlo en prisión de por vida.

El agente González dará su estocada final, ya que obtuvo pruebas durante sus años de investigación de cómo salía la droga de Venezuela, quiénes la recibían en Honduras y los métodos de enviarla hacia EE.UU. Según publicó Reuters en septiembre de 2016 cómo «Gonzalez testificó que la investigación comenzó luego de que un testigo que cooperaba con la agencia en Honduras, un narcotraficante conocido como ‘El Sentado’, le dijo en octubre que un funcionario venezolano llamado Bladimir Flores iba a enviar a un sobrino para reunirse con él».

“Él (testigo cooperante) indicó que esos individuos querían volar aviones cargados de droga a Honduras con planes de vuelo”, dijo Gonzalez, indicó Reuters en su cable. «Ante la corte, Gonzalez calificó a los sobrinos de la primera dama como importantes narcotraficantes», se informó.

El funcionario antidroga detalló que “ellos (narcosobrinos) indicaron que tenían el manejo del principal aeropuerto en Caracas y que entonces podrían fácilmente despachar aviones con drogas desde la rampa presidencial”. Uno de los testigos que utilizó Gonzáles fue un individuo indentificado como Carlos Amílcar Cabrera, el Sentado, quien fue pieza clave para detener a los dos narcotraficantes a pesar que hubo inconvenientes durante el proceso.

En su declaración ante el tribunal federal, González reveló que Leva Cabrera fue asesinado en diciembre de 2015; una de las hipótesis sería que era uno de los operadores que tendría mucha información que comprometería a la alta clase política y gubernamental.

En aquella ocasión, el funcionario antidroga afirmó que el Sentado -identificado como CW1 (testigo colaborador 1) fue ultimado a pocos días de su arresto. “Alrededor del 4 de diciembre de 2015, fui notificado que CW1 había sido asesinado…lo mandaron a matar desde Venezuela”, confirmó González.

Para borrar pistas que pudieran llevar hacia otros actores, el testigo estrella afirmó que también mataron a otras dos personas más, bajo el mecanismo de aniquilar cabos sueltos que sabían mucho de las relaciones con los narcos y la clase política hondureña y venezolana.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Una colaboradora de confianza de la fallecida secretaria de Comunicaciones del Ejecutivo Hilda Hernández rindió un amplio testimonio ante la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) sobre la entrega de unos 4.5 millones de lempiras a un grupo de periodistas, cuyos fondos provendrían de las arcas del Partido Nacional de Honduras.

Este periódico confirmó ese hecho a través del cruce de información entre miembros de la fiscalía especial adscrita al Ministerio Público y allegados a la testigo, quien se presentó en una fecha que se mantiene bajo reserva a brindar una extensa declaración de cómo operó la entrega de estos fondos y qué sujetos tuvieron total conocimiento y participación en los pagos al grupo de comunicadores, cuyas identidades no fueron reveladas.

Periodistas de ConfidencialHN fueron informados por estas personas en torno al testimonio de quien puede ser considerado una pieza fundamental para desentrañar cómo fueron a parar tales recursos a manos de estas personas y, en caso que la declaración, las pruebas documentales y periciales sean concluyentes, se prevé que en el futuro cercano se emitan requerimientos fiscales.

De hecho, la testigo confirmó en su declaración ante fiscales especiales de que Claudia Noriega -sindicada en la trama corrupta Pandora– y Carol Alvarado fueron partícipes en el entramado que movilizó dinero hacia el grupo de comunicadores, cuyos nombres ya están en los expedientes que maneja la UFECIC.

Uno de los que tuvieron información de primera mano, explicó a ConfidencialHN que la testigo delató a los periodistas que pudieron recibir dinero procedente del partido en el gobierno y que les permitió tener en su momento un elevado tren de vida; no se determinó si fue mediante el pago en efectivo o a través de transferencias o cheques al portador.

Aunque los cruces de información que se realizaron durante la jornada, si bien son profundos, pero las fuentes pidieron discreción a modo de no alertar a los posibles encausados y que será cuestión de tiempo para que la unidad especial que dirige Luis Javier Santos remita la información a los juzgados anticorrupción a fin que prosiga la causa judicial.

Algunos abogados que fueron consultados por este medio indicaron que la testigo protegida recurrió a la figura de prueba anticipada, o sea, que brindó una declaración en una etapa preparatoria de la causa para efectos de que el juez la admita como que si la misma se hubiese realizado en el juicio y que sería fundamental para emitir resoluciones en torno al caso.

Sobre Noriega pende una acusación por encubrimiento en el blanqueo de capitales por la causa penal de Pandora y permaneció bajo prisión preventiva hasta que la magistrada y jueza Lidia Álvarez Sagastume decidió que se defendiera en libertad.

La prueba anticipada que ya maneja la UFECIC la involucra directamente con el hecho, por lo que se le podría ampliar el requerimiento fiscal y su estatus legal se vería complicado en caso que las pruebas recabadas la incriminen directamente.

Con relación a Carol Alvarado, fue la mano derecha de la fallecida secretaria Hernández y también activó en el caso de corrupción que implicó la pérdida de unos 280 millones de lempiras a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

La UFECIC afirma en su acusación que Noriega -excoordinadora del programa de la tarjeta de descuento La Cachureca- fue uno de los cerebros que maquinó para que el dinero sustraído de oficina estatal se destinara a otros propósitos no relacionados con la agricultura en beneficio de segmentos empobrecidos de la sociedad.

Por este hecho, permanece con prisión preventiva en una unidad militar de la periferia sur capitalina el exsecretario Jacobo Regalado Weinzenblut.

Cabe recordar que la causa Pandora estuvo orientado a financiar la cuestionada campaña electoral de Juan Orlando Hernández en 2013, por lo que fueron usadas las oenegés Fundación Dibattista Todos Somos Honduras, dirigidas por Fernando Josúe Suárez, quien permanece bajo custodia de la ATIC mientras se dirime el asunto en un tribunal especial.

En una declaración que emitió Suárez en 2018, mencionó ante un juez nacional a Alvarado de ser cómplice del hecho.

“Estos cheques en efectivo eran entregados a la ingeniera Hilda Hernández y en su defecto mandaba a la señora Carol Alvarado a recoger dichos montos en efectivo”, reza una de las partes de la confesión que proporcionó Suárez.

Los fondos que fueron drenados desde la SAG fueron a parar a las cuentas de los partidos Liberal, Nacional y Frente Amplio, según informaron responsables de la UFECIC.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El enriquecimiento rápido, misterioso y sospechoso que tuvo en tiempo récord el clan Hernández Alvarado García Carías, que sus creadores no repararon en la excesiva información que fueron dejando en el camino que en el futuro podrían ser un principal insumo para ser perseguidos por delitos relacionados con la corrupción y delincuencia organizada.

En las entregas que efectuó en marzo anterior Radio Globo ConfidencialHN se pudo demostrar que el matrimonio compuesto por Juan Orlando Hernández y Ana Rosalinda García Carías llegó a lavar hasta cuatro mil millones de lempiras procedentes de actividades ilícitas, incluido el narcotráfico; a la fecha, el Ministerio Público ha hecho la vista gorda para investigar cómo ambos se convirtieron en potentados de la noche a la mañana.

Las escrituras de constitución de varias sociedades como Agroinversiones San Martín e Inversiones del Río dan cuenta de la inyección de incuantificables cantidades de dinero que fueron utilizados para la compra de grandes extensiones de tierra, lujosas oficinas en modernas torres y desarrollos urbanísticos, por lo que se configuró -según las conclusiones de los equipos de investigación- el delito de lavado de dinero.

Se confirma que una entidad bancaria prestó 36 millones 327 mil 200 lempiras a la actual primera dama para la compra de alrededor de 30 manzanas de tierra ubicadas en Juticalpa y San Francisco de Becerra, en Olancho. El documento con registro 1172041 especifica que el monto de la compra subió hasta los 41 millones 101 mil lempiras, según un avalúo que realizó en su momento la entidad financiera.

El instrumento número dos y los folios 1172038 al 1172043, autorizados el 3 de febrero de 2017 por el notario José Walter Bodden Joya, da cuenta de que comparecieron, junto a García Carías, el representante de Agroinversiones San Martín Marco Tulio Castro y el enviado del banco para certificar la compra del bien inmueble a favor de Inversiones del Río, por lo que se pagaron 544 mil 908 lempiras por impuestos y que está bajo la matrícula 1559967 del Registro de la Propiedad de Juticalpa; asimismo, se pagaron unos 54 mil 690 lempiras por servicios y que está debidamente sellada por la entidad financiera, de acuerdo a las evidencias en poder de estos dos medios.

Cabe recordar que de acuerdo al contrato de la compraventa, firmada el 30 de noviembre de 2016 y formalizado por Bodden Joya, afirma que ambas partes “manifiestan que es su voluntad celebrar el contrato privado en arrendamiento (por 25 mil 500 lempiras) en relación al mismo, por un plazo definido” y que la finalidad será para la “explotación de un negocio ganadero, de ganado bovino y equino”. Sobre la compraventa, se agregó una adenda por «alquiler», a fin de ocultar cualquier evidencia que pudiera comprometer penalmente a García Carías.

La condición impuesta a la compradora –señala la adenda firmada bajo confidencialidad– es que “no se encuentra en ninguna lista negra o en la denominada Lista Clinton (o en cualquier otra que la reemplace, modifique o complemente) ni que hayan sido agregados a la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU.), así como que ninguno de sus socios, accionistas o representantes legales se encuentran impedidos para celebrar actos y contratos…que violenten la ley penal”.

Resulta hasta inverosímil que una entidad del sistema financiero realizara semejante préstamo a una persona que apenas ha fungido como cargo de primera dama y -formalmente- no devengue un sueldo que le permitiera tener acceso a fuertes sumas de dinero, tampoco la empresa creada con su esposo y su cuñado Tony Hernández, cuyo monto inicial de 20 mil lempiras. Esta cantidad resulta hasta insuficiente para cualquier emprendedor que desee instalar un negocio en un país que impone trabas para la formación de capital.

De hecho, es válido rememorar que el periodo para el pago de préstamo fue extendido por diez años, por lo que Inversiones del Río moviliza cada mes una cuota nivelada que oscila entre un millón 907 mil 178 lempiras hasta los tres millones 632 mil 720 lempiras. En consecuencia, la cuestionada empresa pagará un total de 55 millones 398 mil 980 lempiras, a razón de 36.2 millones por capital y un poco más de 19 millones en intereses. Los pagos son realizados por el cliente código 2176401 y destinados a la cuenta 10130109272.

OTRA PROPIEDAD PARA ANA Y JUAN. La escritura 406 emitida el 21 de julio de 2016, autorizada por Graciela Ávila, certifica que una propiedad de 135 manzanas fue adquirida por Juan Orlando Hernández y Ana Rosalinda García, que está ubicada en la comunidad de Lepaguare, a unos 70 kilómetros al sur de la cabecera de Juticalpa.

El valor total de la propiedad, que también fue financiada por una entidad bancaria privada, fue de 11 millones 624 mil 571 lempiras con 43 centavos, que fueron recibidos por Marta Marina Mercado y Roberto Escalante, quienes declararon en el protocolo de que recibieron la fuerte suma de dinero por la compra del predio ubicado en el productivo valle olanchano.

El monto total del préstamo, testificó la esposa de Hernández, fue de 25 millones 743 mil lempiras exactos y se confirmó la «capacidad crediticia para contraer obligaciones con terceros en la forma pactada, todo para ser utilizado en la compra del terreno y para el giro normal de sus negocios» relacionados con la agroindustria.

El extenso predio pasó a control de Inversiones del Río, de acuerdo a la documentación y además se indica de que para la adquisición del bien, debe contar con los permisos ambientales emitidos por la Secretaría de Recursos Naturales.

En cuanto al préstamo, se dejó claro que la acreditada, o sea, García Carías, «podrá efectuar reeembolsos parciales o totales de las disposiciones que hubiera hecho durante su vigencia, quedando facultado para hacer nuevas utilizaciones, totales o parciales, de los saldos disponibles a su favor…y dispondrá total o parcialmente de las sumas amparadas por este crédito mediante órdenes de desembolso que le serán proporcionados por el banco».

La zona donde esta persona compró el vasto territorio es una de las más productivas de Honduras, aunque a la fecha se desconoce a qué rubro se dedica, cuando en este lugar prima el cultivo de granos básicos, hortalizas, lácteos y aquellos que son para consumo humano.

Cabe recordar que el matrimonio presidencial fijó sus ojos en Olancho, pues cuentan con haciendas grandes cantidades de ganado, cuya procedencia no pudo ser determinada. Los equipos de investigación registraron compras irregulares de terrenos a nombre de Hernández, mediante operadores con cierto grado de liderazgo dentro del Partido Nacional quienes usaron artimañas para que los clientes «vendieran o vendieran» sus bienes, en una operación de testaferrato.

En estas series de investigación, se logró determinar que algunas compras de grandes extensiones de terreno se realizaron mediante el chantaje y persecución judicial.

Fuentes de total confianza afirmaron a los investigadores sobre cómo un padre e hijo fueron enviados a prisión ya que se les inventaron varios delitos que no cometieron. Los emisarios se fijaron en la otra extensión de tierra que pareció idónea para los intereses del goberanante, por lo que recurrieron a sus «buenos oficios» a fin de convencer a los perjudicados vendieran a precios irrisorios. Ante la negativa de los potenciales vendedores, los intermediarios se vieron obligados a recurrir a la amenaza que se terminó cumpliendo.

De hecho, ambos fueron detenidos por delitos relacionados con la delincuencia organizada y enviados a prisión. El único «pecado» de los afectados fue decir no a las intenciones de Hernández de apropiarse del vasto terreno. Las acusaciones, lograron constatar los investigadores, fueron inventadas ya que no hubo un asidero o sustento legal que permitiera a los operadores de justicia decretar prisión preventiva.

 

¿AYUDAR A LA FAMILIA? El misterioso enriquecimiento del clan familiar dio enormes resultados a este núcleo que gobierna en la actualidad Honduras.

Ante la afluencia casi infinita de dinero, tanto Ana Rosalinda García Carías, como su madre Carlota Eugenia Carías Pizzati, se convitieron incluso en avales solidarios de José Amílcar Hernández, en varias hipotecas que, según expresa el instrumento público 588, aprobado el 13 de septiembre de 2017, llegó a un total de siete millones 484 mil 840 lempiras.

Y es que el también socio de la empresa Servicios de Seguridad Lempira (Sersel) junto a las dos mujeres, constituyeron una garantía hipotecaria por la referida cantidad de dinero por varios terrenos que están ubicados en el extremo sur de la capital y en caso de entrar en mora, se sometieron a las reglas establecidas por un banco que opera en San Pedro Sula; uno de los apartados dice que «la acreditada (Sersel) se obliga a pagar intereses moratorios» y los que ya ordena el sistema financiero nacional.

Se deja claro que la operación para acceder a una hipoteca, en teoría resulta siendo legítima, aunque el mismo ocurrió en el momento que García Carías comenzó a recibir fuertes cantidades de efectivo que llegaron a las empresas que administra. Por tanto, no tuvieron problemas para acceder al préstamo, cuyo total subió a los ocho millones 350 mil lempiras, «más intereses, comisiones y demás» que debe cubrir la empresa y sus respectivos avales.

Por tanto, según las condiciones del préstamo, la empresa y sus propietarios «podrán disponer de dicho financiamiento para su inversión mediante retiros parciales o totales, a través del libramiento o suscripción de toda clase de de documentos y títulos valores, como ser cheques, letras de cambio, pagarés, endosos».

El banco emisor del préstamo indicó en el documento con folio 1492488 que se registró una ampliación del crédito por más de ocho millones de lempiras y que el presente «convenio…cuenta con todos los requisitos legales para su validez y cumplimiento y que el mismo ha sido celebrado en condiciones equitativas para las partes contratantes».

Además, resulta hasta incongruente que el socio principal de Sersel tuviera que acudir a un banco local, con el aval  Carías Pizzati y García Carías para tener un préstamo y una ampliación a su línea de crédito, cuando la empresa de la que forma parte obtuvo generosas ganancias por contratos de seguridad procedentes del gobierno.

Y es que desde 2006 a la fecha, esta empresa de servicios de seguridad recibió por 38 contratos un total de 311 millones de lempiras, por lo que su socio no tuvo necesidad de acudir al sistema financiero para obtener un préstamo hipotecario y como garantía dio varios terrenos que pueden ser ejecutados judicialmente en caso de que cayeran en insolvencia. No obstante, ese extremo es poco probable que ocurra ya que el clan Hernández ha sido uno de los principales beneficiarios del dinero público, así como de la formación de capitales de origen ilícito, según las investigaciones que ha realizado tanto Radio Globo como ConfidencialHN.

PRÉSTAMOS INCONGRUENTES. Para una mejor comprensión de la incongruencia hallada, tanto en esta investigación como en otras efectuadas en su momento, es que Sersel recibió casi 200 millones de lempiras por la contratación de unos 196 guardias de seguridad para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y, en comparación al préstamo hipotecario (cuya media es de un 2,500 por ciento), pudo haberlo pagado o realizar algunas ampliaciones a su vivienda con los recursos procedentes del público que fueron canalizados a través de su empresa.

Y para demostrar esta incongruencia, se viene a colación el instrumento público número 65  del 8 de junio de 2010 cuando Hernández pagó a una inmobiliaria capitalina unos 732 mil dólares, teniendo como intermediario a otro banco, tal como se constatan en las escrituras, que fueron autorizadas por el notario Arturo Medrano y cuyo local, ubicado en el decimoprimer piso de Torre Alianza fue vendido por José Azcona Bocock y José Luis Moncada. Este documento está registrado bajo las matrículas 642766 y 591347 del Instituto de la Propiedad y está foliado desde la serie 2104671 hasta la 2104673.

Aunque este local fue comprado cuando Sersel comenzaba a florecer económicamente, ¿por qué otras empresas, con fuerte prestigio no pueden darse el lujo de acceder a un espacio de tal categoría, en uno de los edificios lujosos de la capital?  De hecho, otras empresas de seguridad se han visto en números rojos que hasta han tenido que cerrar operaciones, despedir personal, mientras que la compañía -de la que también tiene relación el jefe del Ejecutivo nacionalista- ha tenido crecimientos desproporcionados que saltarían las alarmas de un ponderado auditor de cualquier oficina pública, pero que debe callarse para conservar su trabajo.

Las evidencias recabadas por los equipos de investigación de Radio Globo ConfidencialHN revelan cómo se configuró una megarred que colinda con la delincuencia organizada sobre el movimiento ilegal de miles de millones de lempiras que fueron a parar a las empresas de los Hernández; a la fecha, el fiscal general Óscar Chinchilla ha optado por permanecer en el absoluto silencio a fin de no emitir requerimientos fiscales, en virtud de los favores que ha recibido del régimen a cambio de apuntalar la impunidad que se vive en Honduras.