- Organizaciones civiles y analistas alertan sobre crisis en salud, inseguridad, inflación y señales de retorno a viejas prácticas políticas en los primeros meses de gestión
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
En un ambiente cargado de expectativa y marcado por la controversia electoral, Nasry Asfura asumió la presidencia de Honduras el pasado 27 de enero de 2026 durante una ceremonia celebrada en el Congreso Nacional, bajo un clima político donde la legitimidad del proceso electoral seguía siendo motivo de debate entre diversos sectores del país.
Ante el Poder Legislativo y en un acto caracterizado por la sobriedad institucional, Asfura inició oficialmente su mandato bajo la bandera del Partido Nacional de Honduras, sin la presencia de mandatarios extranjeros de alto perfil y bajo la mirada crítica de una ciudadanía expectante frente al rumbo de la nueva administración.
En su primer discurso como jefe de Estado, el mandatario hizo un llamado a la unidad nacional y a dejar atrás la confrontación política.
“Honduras necesita trabajo, no confrontación”, expresó entonces Asfura, en un mensaje orientado a proyectar estabilidad y reconciliación en medio de la polarización política que dejó el proceso electoral.
Sin embargo, a 100 días de gobierno, distintos sectores sociales, analistas y organizaciones civiles sostienen que los principales problemas estructurales del país continúan sin mostrar avances significativos.
En el ámbito económico, el gobierno ha retomado acercamientos con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y CAF, además de fortalecer el diálogo con empresarios nacionales con el objetivo de atraer inversión y generar empleo.
No obstante, el incremento sostenido en los combustibles y la presión inflacionaria internacional continúan impactando el costo de vida de los hondureños, alimentando la incertidumbre económica y el malestar social.
Mientras algunos sectores consideran que aún es prematuro evaluar de forma definitiva una administración que apuesta por la estabilidad macroeconómica, otros cuestionan la falta de impacto real en la economía de los hogares, el desempleo y el aumento de la pobreza.
En ese contexto, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) concluyó en su evaluación de los primeros 100 días que persiste una amplia brecha entre el discurso oficial y los resultados observados en el territorio nacional.
Por su parte, el analista Josué Murillo advirtió que el gobierno ya enfrenta una evaluación ciudadana permanente desde el inicio de su gestión. “Son 100 días, es poco tiempo, pero ya hay una evaluación constante. Esta es una alerta temprana para corregir y mover la percepción ciudadana antes de que se acumule la insatisfacción”, señaló Murillo.
Entre los principales desafíos señalados por distintos sectores destacan el deterioro en seguridad, la crisis sanitaria y la falta de avances concretos en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
El aumento de homicidios, las masacres, la extorsión y otros hechos violentos continúan generando preocupación, mientras persiste la mora quirúrgica en hospitales públicos y el desabastecimiento de medicamentos afecta a miles de pacientes.
Asimismo, el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) presentó un balance crítico sobre la administración de Asfura, advirtiendo un retorno a prácticas tradicionales de gestión pública como las contrataciones directas y el uso de fideicomisos.
Según el informe, estas dinámicas contrastan con las expectativas de cambio generadas durante el inicio del gobierno y reflejan la continuidad de mecanismos históricamente cuestionados por organizaciones de transparencia y sectores de sociedad civil.
El Cespad también alertó sobre la situación crítica del sistema de salud, señalando riesgos de avanzar hacia procesos de privatización y subrayando la ausencia de mejoras tangibles en problemáticas sensibles como la mora quirúrgica.
A 100 días de haber asumido el poder, el gobierno de Nasry Asfura enfrenta así un escenario marcado por expectativas aún no cumplidas, presión social creciente y una ciudadanía que comienza a exigir resultados concretos frente a los problemas históricos que siguen golpeando a Honduras.
