- La cifra representa un aumento del 10% frente al mismo período de 2025; organizaciones feministas cuestionan la impunidad y piden una respuesta de emergencia para proteger la vida de las mujeres.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
La violencia contra las mujeres continúa dejando una profunda huella en Honduras. Un total de 172 mujeres han sido víctimas de muertes violentas en lo que va de 2026, una cifra que representa un incremento del 10 % en comparación con el mismo período del año anterior, alertó la defensora de los derechos de las mujeres Ana Ruth García.
La situación, según la representante feminista, evidencia que las medidas adoptadas hasta ahora no han logrado contener la violencia contra las mujeres ni garantizar una respuesta efectiva frente a estos crímenes.
“Los femicidios hoy no tienen edad, no tienen clase”, afirmó García, al advertir que ninguna mujer está exenta de ser víctima de violencia, independientemente de su edad o condición económica y social.
Francisco Morazán y Cortés concentran casos
De acuerdo con la defensora, los departamentos de Francisco Morazán y Cortés mantienen una importante incidencia de muertes violentas de mujeres.
Sin embargo, García señaló que este año también han cobrado especial relevancia Lempira y Copán, debido al incremento de casos registrados en esos departamentos.
Para la defensora, el comportamiento de las cifras refleja un escenario de vulnerabilidad que requiere acciones más contundentes por parte del Estado.
“De nada sirve incrementar penas si no hay resultados”
García cuestionó que el aumento de las penas para los responsables de estos crímenes, impulsado mediante reformas al Código Penal, no esté acompañado de una respuesta efectiva para investigar, judicializar y sancionar los casos.
“De nada sirve incrementar penas si no hay resultados”, sostuvo.
Según la defensora, alrededor del 95 % de los casos de muertes violentas de mujeres permanecen en la impunidad, una situación que, a su juicio, termina debilitando la confianza en las instituciones y deja a las víctimas y sus familias sin una respuesta efectiva.
El problema, agregó, no se limita a la existencia de leyes más severas, sino a la capacidad institucional para investigar los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
Piden declarar emergencia
Ante el incremento de las muertes violentas, García planteó que el Gobierno debería considerar la declaración de un estado de emergencia en materia de protección de la vida de las mujeres.
A su criterio, Honduras necesita una estrategia que combine las reformas legales con medidas concretas de prevención, investigación y persecución del delito.
La defensora insistió en que las cifras reflejan una situación de indefensión para las mujeres y demandó una respuesta institucional capaz de reducir los niveles de impunidad y evitar que más familias sean víctimas de la violencia.
El llamado ocurre en un contexto en el que, pese a los cambios legales y al endurecimiento de las penas, las muertes violentas de mujeres continúan aumentando, colocando nuevamente en el centro del debate la efectividad de las instituciones encargadas de protegerlas y garantizar justicia.
