TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) descartaron que los contratos aprobados la semana pasada por el Congreso Nacional representen un nuevo endeudamiento para Honduras.
Mediante un comunicado, aclaró que los 27 contratos aprobados contienen operaciones contempladas convenios de financiamiento para inversión no reembolsable y cooperaciones técnicas no reembolsables que excedían el período de gobierno.
Indicó que la nueva administración remitió los contratos al Congreso Nacional para que fueran ratificados y subsanar el procedimiento en cumplimiento a la ley.
La estatal eléctrica puntualizó que los contratos fueron gestionados por organismos internacionales a través de donaciones o convenios de financiamiento.
Lamentó que de manera “malintencionada” los contratos han sido instrumentos políticos y se hayan brindado declaraciones “fuera de la verdad”.
Aprueban 27 contratos a la ENEE
El pasado 23 de noviembre, el Congreso Nacional de Honduras aprobó 27 contratos para servicios de consultoría individual y técnica, suministro de bienes, auditorías, y construcción de proyectos para modernizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con financiamiento del BID.
Cabe señalar que el Legislativo aprobó tres préstamos que en total suman 555 millones de dólares, de los cuales, 305 se suscribieron con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 250 con el Banco Centroamericano de Integración Económico (BCIE).
El presidente del Legislativo, Luis Redondo, dijo que algunos de esos contratos ya se ejecutaron o se están ejecutando, ya que traspasan el período de gobierno (desde 2010), pero se sometieron a votación para cumplir con la parte constitucional «para evitar demandas y otros trámites» y que incluyan la cláusula de integridad.
Diputados cuestionan que contratos aprobados por el CN no tienen cláusula anticorrupción
Varios diputados de las diferentes bancadas del Congreso Nacional cuestionaron que los 27 contratos de la Empresa Nacional Energía Eléctrica (ENEE), aprobados por el Legislativo y que fueron suscritos en el Gobierno pasado, no cuentan con una cláusula anticorrupción, por lo que tienen deficiencia legal y son nulos.
Las reacciones sucedieron luego que el diputado del Partido Liberal, Mauricio Villeda, indicara que ninguno de los contratos contiene la cláusula anticorrupción como lo demanda la Ley de Transparencia, en ese sentido, aseguró que dichos contratos tienen vicios de nulidad.
«Hay que declarar la nulidad de los contratos. En vez de aprobarlos, el Congreso debió haber dicho que esos contratos son nulos de acuerdo con la Ley de Transparencia, pero más bien se dispensó y se le cerró un ojo a la corrupción y se aprobaron», cuestionó Villeda.
Los convenios en mención, valorados en 360 millones de dólares, están relacionados a los suministros de bienes y servicios para la modernización de la estatal y, por sobrepasar en vigencia el gobierno anterior, requerían ser aprobados por el Congreso, tal como se hizo.
Por su lado, el congresista liberal, Marlon Lara, indicó que «esos contratos los llevaron (al Congreso) sin que tuviéramos toda la información necesaria y luego los sometieron a aprobación junto a más endeudamiento para el país».
Umaña: TSC tiene que investigar
Por su parte, el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, indicó que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) debe investigar cómo se suscribieron esos contratos y encontrar si hubo vicios legales que puedan apuntar a que son nulos y, de serlos, que el Ministerio Público deduzca responsabilidades penales.
«Tiene que ser el TSC quien investigue por qué estos contratos no tienen esta cláusula porque todos fueron suscritos en la Administración anterior, no tiene nada que ver el Congreso ni el actual Gobierno y como ya están ejecutados solo compete pagarlos», dijo Umaña.
Recordó que dichos contratos datan de la Administración anterior (en el Gobierno de Juan Orlando Hernández) y la mayoría ya están ejecutados, por lo que toca «pagarlos porque si no nos van a demandar y vamos a salir peor si nos demandan que honrando estos contratos».
Al ser cuestionado sobre si el actual Congreso también incurriría en responsabilidad por la aprobación de los contratos pese a que se sabía de los vicios legales, Umaña expresó que en el decreto está «claramente especificado que el Congreso no corre ningún riesgo porque simplemente se avaló el pago final»
«Los contratos ya están ejecutados y no queda nada más que recepcionar el producto del contrato y hay que investigar por qué no se tienen esas cláusulas», añadió.
Asimismo, rebatió las declaraciones del diputado Lara, quien aseguró que los documentos no se socializaron en su debido tiempo.
«Ya se habían leído en dos debates esos préstamos, todos los diputados tenían los documentos. No pueden venir a decir ahora que no conocían los contratos; eso es fingir demencia», dijo.
Por último, el también diputado liberal, Mario Segura, expresó que estos contratos fueron al Congreso porque sobrepasaron el periodo presidencial y ya estaban vencidos.
«No se podían pagar los contratos sin pasar por aprobación del Legislativo. Si los contratos fueron aprobados el lunes, debía ser el martes que se tenían que pagarse, no antes porque si no se estaba violentando la Constitución», comentó Segura.
«Si estos contratos estaban vencidos desde el Gobierno anterior significa que para poderlos pagar en este Gobierno tenían que ir primero al Congreso», cerró el parlamentario.
Mientras que el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, aclaró que «la Comisión de Energía que dictaminó estos contratos forman parte del mismo grupo que recientemente aprobamos, pero llegaron en diferentes momentos al Congreso y por eso se separaron».
