TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El controversial titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, argumentó a casi un año de haber sido juramentado, la legalidad de la junta directiva que lidera, debido a un sinnúmero de cuestionamientos en su contra.
Por medio de un documento denominado “La verdad sobre la legalidad constitucional de la junta directiva del Congreso Nacional de Honduras” y en la conferencia impartida en su cuenta de Twitter, Redondo comenzó justificando que su administración sufre una “fuerte y abierta campaña de desprestigio”, por parte de los “grupos económicos y políticos que se habían apoderado del control del Estado, al margen de la Constitución, de las leyes, imponiéndose por la fuerza, con violencia”.
Redondo, dijo que ya la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo establecen el procedimiento para la elección de la junta directiva provisional del Congreso, por lo que considera que el problema de fondo de este conflicto es el “enfrentamiento entre grupos del poder económico y político, quienes pretendieron arrebatarle a la voluntad popular algunos diputados del Partido Libre y del Partido Liberal”.
Posteriormente, culpó al excomisionado de Gobernación, Justicia y Descentralización, Leonel Ayala, de crear un ambiente desfavorable en el Congreso el día que se realizaría la juramentación de la junta directiva provisional (21(01/22), para de ese modo, poder juramentar a una junta directiva ilegal (la de Jorge Cálix).
En otro punto, dijo que Ayala intentó romper el orden constitucional al no respetar el procedimiento establecido en los artículos de la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso Nacional y hasta acompañó su posición con videos y citas textuales de los artículos presuntamente violentados.
El presidente del Congreso, además argumentó que el artículo 194 de la Constitución dice que “el 21 de enero se reunirán los diputados en juntas preparatorias y con la concurrencia de cinco personas por lo menos, se organizará la directiva provisional”, pero aseguró que Ayala, realizó actuaciones que no estuvieron apegadas a derecho, con el fin de darle el poder del hemiciclo al grupo propuesto por la diputada de Libre, Beatriz Valle, la cual fue la única moción escuchada por el funcionario de Gobernación.
Indicó que sesión del 21 de enero 2022, se observa claramente que muchos diputados de todos los partidos políticos nunca se sentaron en sus asientos o curules y en ningún momento hubo orden en el pleno. El exsecretario de Gobernación, Héctor Leonel Ayala del Partido Nacional no controló ni se preocupó que hubiera orden en el pleno con el objetivo claro de imponerse como tal así sucedió».
«Estas personas o instituciones que se pronuncian públicamente no analizaron tal imposición porque tenían y siguen teniendo algún interés directo con los grupos de poder económico y políticos que estuvieron detrás de los actos cometidos por el exsecretario de Gobernación Héctor Leonel Ayala», manifestó Redondo.
«Uno de los argumentos que ese grupo de diputado pretendió imponer el exsecretario de Gobernación, es que tenían supuestamente 84 firmas de congresistas por escrito, sin embargo, se aclara que ese tipo de votos debe ser aprobado previamente por el pleno de diputados que pueda tener validez como voto, lo establece el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pero no se hizo así», expuso Redondo. Por lo tanto, ese grupo de diputados que juraba tener supuestamente 84 firmas jurídicamente tuvo cero votos legales», añadió.
Presuntas faltas cometidas por el entonces secretario de Gobernación:
- No comprobó el quórum correctamente
- No se dio lectura a la agenda del día
- Ni se aprobó la agenda del día
- No se otorgó la palabra para que se presentaran otras mociones
- La única moción que impuso el exsecretario Ayala, violentando el procedimiento de ley, no se sometió a discusión, ni se debatió. No hubo orden en el pleno. No hubo votación.
- El tipo de voto (de listado o firmas en papel) debe de ser aprobado previamente por el pleno de diputados, según el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y no se hizo así.
- La única moción que se intentó imponer, violentando el procedimiento de ley, por el exsecretario Ayala (del Partido Nacional) no se votó como ordena la ley.
“Esta sesión dirigida por el exsecretario Héctor Leonel Ayala, claramente fue nula, por violentar y no cumplirse el procedimiento legal para su celebración, pudiendo producir con ello una ruptura del orden constitucional”, justifica el documento emitido por Redondo.
En el punto número uno, la postura de Redondo es que Ayala, al querer “imponerse”, no se preocupó porque hubiera orden en el pleno, no dirigió ni controló a los diputados que nunca se sentaron en sus asientos o curules, con el fin de juramentar a Cálix y el resto de su junta directiva en desorden, pues según Redondo, no contaban con los votos necesarios.
En el número seis, Redondo justificó que como los diputado que apoyaban a Cálix dijeron tener 84 firmas que lo respaldaban como nuevo presidente del Congreso, esto tampoco fue legal, pues según el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, este tipo de voto por escrito debe ser aprobado previamente por el pleno de diputados y no se hizo.
“Por lo tanto, este grupo que afirmaba tener 84 firmas, jurídicamente tuvo cero votos legales y ello solo es una más de todas las violaciones cometidas por el exsecretario Héctor Leonel Ayala, del Partido Nacional, al procedimiento”, dijo Redondo, reproduciendo un video como prueba de su aseveración.
¿Por qué su juramentación sí sería válida?
Luego de plantear las irregularidades que presuntamente cometió el extitular de Gobernación, Redondo justificó su propia juramentación diciendo que como por el altercado protagonizado entre quienes lo apoyaban a él y los que apoyaban a Cálix el ambiente se tornó tan difícil que hizo que muchos se retiraran y “al no haber en la Constitución ni en ninguna ley del mundo un procedimiento a seguir cuando hay nulidad de la sesión preparatoria para el nombramiento de una junta directiva, peor aún, cuando es cometida por el mismo encargado de celebrar dicha sesión, esa situación facultó y obligó a los diputados que quedaron presentes en el Congreso a ser considerados el pleno de diputados como la máxima autoridad a aplicar los mecanismos o artículos constitucionales y legales y estando facultados y obligados a aplicar la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo”, procedieron a su juramentación como presidente.
Según su explicación, en el mismo cumplimiento del artículo 195 de la Constitución, que dicta que el 23 de enero se reunirán los diputados en su última sesión preparatoria para elegir a la directiva en propiedad, ese mismo pleno estaba obligado entonces a cumplir el mandato, por lo que él y el resto de su junta directiva fueron reafirmados como cabezas del Congreso ese día.
