La Mesa Nacional de Derechos Humanos pidió a Honduras que una comisión internacional investigue la violencia en las cárceles, evitar la militarización de esos centros y cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para enfrentar la crisis.
El organismo humanitario solicitó a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a través de un comunicado la formación de una «comisión internacional para investigar la violencia en las cárceles» del país centroamericano.
La Mesa Nacional de Derechos Humanos se solidarizó con los familiares del preso que murió el fin de semana durante enfrentamientos simultáneos registrados en cuatro cárceles, que dejaron además una decena de heridos.
«Ante esa realidad, demandamos de forma urgente que se realice una investigación con una comisión independiente constituida por organismos nacionales e internacionales para identificar a los responsables de los hechos y deducir responsabilidades para evitar que los hechos se repitan», subrayó.
Agregó que gobiernos pasados nombraron comisiones interventoras o militarizaron las cárceles como «una respuesta violenta a la violencia» en los centros penales.
Sin embargo, esas medidas han demostrado estar «lejos de resolver la problemática» en las prisiones, indicaron las organizaciones que integran la Mesa, que señalaron que la intervención de estos centros «no debe responder solamente a situaciones coyunturales sino a un plan que en definitiva conduzca a una solución a largo plazo de la situación de las cárceles».
La presidenta hondureña anunció el fin de semana una intervención «dura» de las cárceles tras las reyertas en cuatro cárceles del país y el lunes nombró a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, para liderar el proceso.
Exhortó a la presidenta Castro a explicar en una cadena nacional en qué consiste la intervención de las cárceles y que realice «una depuración inmediata de todas las personas involucradas en violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad».
El sistema penitenciario de Honduras, compuesto por unas 25 cárceles, alberga a 19.842 presos, cuando su capacidad máxima es de 14.780, y menos de la mitad de los reclusos han sido sentenciados, según cifras oficiales.
CUMPLIR RECOMENDACIONES DE LA CIDH PARA ENFRENTAR CRISIS
La Mesa de Derechos Humanos expresó su preocupación por «la ausencia de cumplimiento de la obligación que tiene el Estado de Honduras mínimamente de separar entre personas privadas de libertad procesadas y condenadas, así como su clasificación atendiendo otros criterios reconocidos en el sistema internacional, que permita una gestión penitenciaria conforme con los estándares internacionales de derechos humanos y reduzca la violencia».
Asimismo, pidió al Gobierno hondureño cumplir con las recomendaciones de la CIDH para abordar la crisis que se vive en los centros penales.
En 2019, la CIDH indicó en un informe que Honduras tiene «alarmantes niveles de hacinamiento, falta de separación entre personas procesadas y sentenciadas, deficiente infraestructura, falta de higiene y de servicios sanitarios y lugares dignos para pernoctar» en las cárceles.
Las cárceles cuentan con «una atención médica negligente, alimentación insuficiente y de poco valor nutricional, el escaso e inadecuado acceso al agua, y la ausencia de programas efectivos de reinserción social», añadió.
Entre las principales recomendaciones de la CIDH se encuentran el establecimiento de una estrategia para la progresiva desvinculación de las Fuerzas Armadas de las funciones penitenciarias y traspasar la gestión de las cárceles al Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Además, retomar el control interno de las cárceles, erradicar la práctica de delegar facultades disciplinarias en los propios reclusos y adoptar medidas para prevenir y eliminar el hacinamiento.
Con información de EFE
