TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La presidenta Xiomara Castro convocó de emergencia al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), por «pretensiones de anarquizar» a la sociedad e «impedir la discusión y aprobación» de la polémica Ley de Justicia Tributaria, que en la actualidad se socializa en el Congreso Nacional.
Castro citó a los miembros del CNDS para este miércoles 10 de mayo a las 5:00 p. m. en el Salón Constitucional de Casa Presidencial en Tegucigalpa.
El anuncio de la mandataria ocasionó un sinnúmero de reacciones especialmente en contra de la convocatoria del Consejo de Defensa y Seguridad para abordar un tema tributario.
Para el caso, el gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano, en su cuenta de Twitter, señaló que, en lugar de convocar al CNDS, se debe de llamar a todos los sectores del país para alcanzar pactos para un verdadero plan de crecimiento económico de Honduras.
De su lado, el economista hondureño José Luis Moncada, recordó que cuando el Partido Libertad y Refundación (Libre) era oposición y se manifestaba en las calles no se convocaba al Consejo de Defensa.
Al mismo tiempo, manifestó que «el pueblo tiene ese derecho y lo hacen pacíficamente, su mensaje envía señales negativas al inversionista. No polarización», escribió.
También, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, calificó como «nefasto» al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Además, apuntó que el Gobierno solo permite protestas de los colectivos de Libre y se tildan de anarquía las protestas de los demás ciudadanos.
«Entre tanto, solo se permiten las protestas de colectivos de LIBRE y se tildan de anarquía las protestas de los demás ciudadanos y se convoca al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que antes criticaban fieramente», citó Espinoza.
Entre tanto, el asesor legal del Cohep, Rafael Jerez, cuestionó la convocatoria del CNDS en un proceso -discusión y aprobación de la Ley de Justicia Tributaria- eminentemente legislativo.
«Antes de hablar de aprobación asegúrese de abrir canales de diálogo con otras fuerzas políticas. ¿Qué tendrá que ver el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en un proceso que en esta etapa es eminentemente legislativo?», dijo Jerez.
Al respecto, el extitular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Pedro Barquero, señaló que en la actual administración está utilizando las «mismas mañas» del pasado.
«No es suficiente lo que se está haciendo para socializarla -la Ley de Justicia Tributaria-, no se están tomando en cuenta opiniones importantes y eso es lo que está llevando a que personas decidan ya manifestarse con fuerza por el temor de perder sus empleos», indicó Barquero.
Ante ello, el exfuncionario sugirió al Gobierno profundizar la socialización de la reforma tributaria de manera real y evitar cometer las malas prácticas de otras administraciones.
Igualmente, Leonardo Pineda dijo que «impedir discusión mientras el @Congreso_HND tiene su agenda llena de reuniones con muchos sectores ¿Quien impide discutir? Anarquía por marcha, espontánea o no, pero pacífica?
Agregó que “el CNDS, organismo q en su momento fue (sigue siendo) una aberración contra la separación d poderes?”
De igual forma, el actual designado presidencial, Salvador Nasralla, aseguró que con la reforma tributaria se pretenden eliminar la inversión nacional e internacional, para que la gente no tenga acceso al empleo.
El funcionario lamentó que la ciudadanía se vuelva dependiente de una limosna del Estado, y volver pobre al más pobre.
«Son las prácticas comunistas en otros países, se trata de eliminar la inversión nacional e internacional para que la gente no tenga acceso al empleo y se vuelva pobre. La idea es que toda la gente sea pobre, para hacerlos dependientes de la limosna del Estado, ese es el comunismo», escribió Nasralla.
Reforma
El proyecto de la Ley de Justicia Tributaria fue enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional que ya inició con la socialización del tema con diversos sectores del país.
Con dicha iniciativa el Gobierno impulsa un cambio en la legislación tributaria con la que, asegura, busca mejorar la distribución de la carga fiscal a través de la eliminación de exoneraciones otorgadas hasta por 40 años.
Sin embargo, la propuesta es rechazada por varios sectores de Honduras, entre ellos la empresa privada, por considerarla «malintencionada». También, que profundizará «más» la difícil situación de los pobres en el país, lo que rechaza el Gobierno.
Dicha reforma también despertó las críticas en partidos políticos de oposición, que alegan, entre otras cosas, que sus consecuencias serán la fuga de inversión; mayor migración y desempleo.
