TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El gobierno de Honduras, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, contrató a la firma Arnold & Porter Kaye Scholer LLP «con el fin de mejorar y profundizar las relaciones de la República con el gobierno de los Estados Unidos de América», según el contrato publicado ayer en la página de Foreign Affairs Registration Act del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Esta firma a su vez subcontratará para «la asesoría y el diseño de estrategia» al ex embajador estadounidense Hugo Llorens quien estuvo asignado a Honduras entre 2008 y 2011, y quien lidió en 2009 con el golpe de Estado en contra del gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales.
De acuerdo a la publicación, Arnold & Porter le cobrará al gobierno hondureño US$630,000 por sus servicios profesionales, pagaderos a US$90,000 por mes desde el 1 de junio de 2023 al 31 de diciembre de 2023, es decir 2.2 millones de lempiras.
En este monto se incluyen los honorarios por la asesoría y el diseño de estrategia por parte del Embajador Hugo Llorens y su compañía, Global Partners LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Florida.
Aunque la contratación estipula el mejoramiento de relaciones con el gobierno de Estados Unidos, además de profundizar dichas relaciones con el mandato de Joe Biden, no obstante, Arnold & Porter no promete ni da garantías del resultado que busca el gobierno hondureño.
La firma Arnold&Porter es un bufete especializado en representación de empresas y países, otorgándoles asesoramiento con 14 oficinas en Estados Unidos, Asia y Europa, contando con un staff de 132 abogados, de los cuales 94 ocuparon altos cargos en los gobiernos de Estados Unidos y Europa.
Prueba de que cuentan con muchos exaltos funcionarios, es que el embajador Thomas Shannon figura como uno de los representantes de la firma. Shannon fue subsecretario de Estado del Departamento de Estado para Asuntos Latinoamericanos, entre otras funciones en su extensa carrera.
Arnold & Porter es una firma conocida en Centroamérica. El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador la contrató en 2021 por un año por 1.2 millones de dólares, contrato que no renovó en 2022 cuando ya ese gobierno había empeorado sus relaciones con los Estados Unidos.
Esta firma también fue contratada en 2019 por el gobierno de Juan Orlando Hernández, según publicó el Washington Post en ese entonces.
El Gobierno de Honduras contrató a la firma Arnold & Porter por 475,000 dólares en 2019, con fondos provenientes de la Secretaría de Finanzas, según el Washington Post para presionar a los fiscales durante el proceso del juicio de Tony Hernández, hermano del expresidente y excongresista.
Según la información del caso en contra de Tony Hernández, los fiscales mencionaron que, en septiembre de 2019, la firma buscó advertir a los fiscales sobre «consecuencias colaterales» relacionadas con las bases militares de los Estados Unidos en Honduras, así como «asuntos migratorios no relacionados».
Cabe destacar que desde el año pasado se había informado que Llorens sería el lobista del gobierno de Xiomara Castro en Washington.
Llorens fue el embajador de Estados Unidos en Honduras cuando ocurrió la crisis política del 2009 que concluyó con la salida del poder del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales.
Durante la crisis, la entonces primera dama Xiomara Castro, fue alojada en la residencia de la embajada norteamericana a fin de que su seguridad personal fuese resguardada.
