Representantes de la sociedad civil de América Latina pidieron este miércoles tener más espacio en las negociaciones para cerrar el acuerdo UE-Mercosur, y que ese pacto se centre en el «desarrollo humano», con transparencia y rendición de cuentas.
Ese fue el tema central del encuentro con la sociedad civil de los legisladores participantes en la decimoquinta sesión de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), que se celebra hasta este jueves en Madrid, en la sede del Senado español.
El acuerdo UE-Mercosur «está siendo cuestionado por sectores productivos sociales e inclusive por fuerzas políticas a ambos lados del Atlántico», alertó Marta Scarpato, coordinadora internacional en Europa de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
Scarpato denunció el funcionamiento del foro con la sociedad civil previo a la cumbre de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac) de la semana pasada en Bruselas, en el que ella participó.
Alegó que «la presencia de la sociedad civil y los sindicatos estuvo fuertemente diluida a favor de la intervención de autoridades locales y funcionarios» de la UE, y que esos movimientos de base necesitan más espacio para lograr acuerdos «equilibrados».
La también coordinadora de las centrales sindicales del Cono Sur opinó que se debe «poner el desarrollo humano como prioridad», un pilar tan importante en el futuro acuerdo como el comercio.
«Sólo la transparencia durante la negociación y una regular rendición de cuentas generarán aceptación y legitimidad social y alejarán el fantasma de la corrupción», recalcó Scarpato.
Discrepancias
El acuerdo UE-Mercosur se negocia desde hace dos decenios y fue firmado en 2019, pero su ratificación está detenida por las divergencias de algunos países, como Francia o Austria, con argumentos de protección ambiental y de estándares de calidad.
Con la presidencia rotatoria española, la UE ha renovado el impulso al respecto, pero las negociaciones se desarrollan con demasiado «secretismo», a juicio del argentino Jorge Fonseca Castro, catedrático en la Universidad Complutense de Madrid.
«Es necesario abandonar la lógica del desarrollo entendida como crecimiento del PIB», subrayó este experto en Economía Aplicada, para quien el esquema de «extractivismo» de materias primas de Latinoamérica «perjudica por igual» tanto a esa región como a Europa.
Fonseca Castro condenó la concepción actual de los tratados comerciales, al considerar que transfieren «soberanía de los Estados a las grandes corporaciones» y en último término, «destruyen la democracia».
El eurodiputado Jordi Cañas, del partido español Ciudadanos, disintió fervientemente, al opinar que el acuerdo del Mercosur es muy «completo», con protecciones para el medioambiente y los derechos humanos, y que los países latinoamericanos se equivocan al oponerse.
Con la reivindicación de dar más voz a la sociedad civil estuvo de acuerdo la eurodiputada socialista española Mónica González, que apoyó la formación de «comités consultivos» con sindicatos, expertos o activistas.
Mientras, la argentina Cecilia Britto, del Parlasur, apuntó que en la firma del acuerdo UE-Mercosur, en 2019, «no se tuvieron suficientemente en cuenta las voces de la sociedad civil».
Finalmente, Andrea Costafreda, responsable de América Latina y Caribe en la ONG Oxfam Intermón, puso el acento en el problema de la «extrema concentración de la riqueza» en manos de unos pocos, que a su juicio es tan dañina como la persistencia de la pobreza.
«Significa una capacidad de influencia política absolutamente desigual que lleva a la desconfianza en las instituciones y a la crisis de las democracias», subrayó Costafreda.
Pidió a la UE poner en el centro de su relación con Latinoamérica «a las Berta Cáceres» (asesinada en 2016 por defender sus tierras en Honduras frente a los intereses de multinacionales), pero también a «los Carlos Slim» (empresario mexicano), los más ricos.
Con información de EFE
