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domingo, noviembre 24, 2024
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PGR presenta recurso de inconstitucionalidad contra contrato del 911

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TEGUCIGALPA, HONDURAS.

La Procuraduría General de la República (PGR) considera que el contrato del Sistema de Emergencia 911, que se firmó en el gobierno pasado por unos $154 millones, está sobrevalorado.

Por ello, la PGR presentó la acción legal contra el decreto aprobado el 7 de septiembre de 2021, implica la suscripción de un contrato entre el Sistema Nacional de Emergencias 911 y Dynamic Corporation S.A. de C.V.

Este convenio contractual abarca la prestación de servicios técnicos, mantenimiento tecnológico y administración de enlace de datos en diversos proyectos de seguridad.

Sin embargo, el ente procurador de los intereses del Estado argumenta en su recurso que este contrato, valorado en US$154,449,375.36 (L3,817,988,558.90 al cambio actual) y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, fue suscrito de manera directa y supera los costos de mercado.

La PGR también fundamenta que el contrato viola el artículo 63 de la Ley de Contratación del Estado, así como los artículos 360 y 364 de la Constitución de la República, argumentando que el impacto del contrato trasciende al siguiente período de gobierno, que culmina el 27 de enero de 2026.

La solicitud de la PGR será evaluada por los cinco magistrados de la Suprema Corte que conforman la Sala de lo Constitucional, quienes, en caso de admitir el recurso, deberán emitir un fallo que determine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto 73-2021.

Desde el pasado 27 de febrero de 2023, la presidenta Xiomara Castro nombró una Comisión Interventora del Sistema Nacional de Emergencias 911. Esta comisión, que cuenta con una vigencia de un año y la posibilidad de prórroga, está conformada actualmente por Miroslava Cerpas como comisionada presidenta, Gosset Moncada y Gerardo Hernández como comisionados.

El Gobierno ha encomendado a esta comisión la misión de mejorar la eficiencia y la calidad del servicio prestado por el 911, tras la destitución de más de 2,000 empleados como parte de sus acciones iniciales.

El contrato en cuestión, celebrado entre el Estado hondureño y Dynamic Corporation S.A. de C.V., también se encuentra actualmente bajo auditoría, como parte de las medidas tomadas por la comisión designada por la presidenta Castro.

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